Más de 40 municipios de usos y costumbres han vivido algún tipo de conflicto en la sucesión de su poder local entre finales de 2010 y principio de 2011. Los métodos violentos que llegan a utilizarse tanto en toma de edificios municipales, como secuestro de funcionarios, hasta asesinatos, como se dio con el nuevo presidente de Amoltepec, una de cuyas líneas de investigación apunta al presidente saliente advertido de ser auditado y exhibido en su presunta corrupción, indican sin duda alguna la crítica situación de esos pueblos, la anomia que prevalece en ellos, la falta de calidad de sus relaciones locales y de sus prácticas políticas.
La violencia inmanente en la índole del oaxaqueño tiene su raíz sobre todo en la miseria que es la mayor generadora de violencia. Según investigaciones sociológicas, en la zona Triqui no puede ser líder ni dirigente aquel individuo que no haya demostrado ser el más violento, aquél que no haya salido airoso de algún problema o ataque.
León Javier Parra en su ensayo sobre la comunidad triqui de Copala, publicado en 1993, sostiene que el monopolio de la violencia constituye la base del régimen de Usos y Costumbres en esa zona de la Mixteca, que se puede hacer extensivo a la mayoría de estos pueblos. En Copala, dice Parra, el líder debe ser el más aventajado en el uso de las armas (ver libro “Etnicidad, nacionalismo y poder”).
Lo anterior no es extraño, toda vez que dicho monopolio es propio de cualquier poder establecido. Sin embargo, en estos pueblos el llamado “derecho consuetudinario”, además de evadir el régimen constitucional de derecho, varía de un lugar a otro y hasta de un momento a otro en el mismo lugar al no estar escrito y sí al arbitrio de la “sabiduría” (así, entre comillas) de los detentadores del poder local. Sin embargo, esta “sabiduría milenaria” no encuentra correspondencia con el grado de educación que en estas zonas es de los más bajos. Tampoco se sabe de alguna capacitación especial que los prepare, pues escalar simplemente los cargos famosos, topil, alcalde, “mayor de vara”, mayordomo, es repetir mecánicamente una pretendidamente inamovible práctica estancada. No hay por acá ni siquiera escuelas como los viejos Telpochcallis donde se formaba a los tenochcas. ¿Qué grado de civilización pueden tener pueblos con los más bajos índices de preparación?
Los municipios de usos y costumbres son hoy (casi) los únicos que presentan conflictos poselectorales. Lo laxo de su legislación municipal contribuye a agudizar esos conflictos. Estos se rigen por las reglas que su Asamblea General establece, están, digamos, legalmente fuera de los marcos de las leyes y normas de la Constitución Federal. Eligen a sus autoridades por métodos propios reconocidos por la Constitución de Oaxaca, pero con dificultades para su reglamentación, lo que deja al garete la solución de sus conflictos poselectorales.
Como sucede desde hace mucho, en los municipios de partidos políticos casi no hubo problemas en las elecciones recientes. Decimos casi porque sólo en Santa María Petapa lo hay, en la zona norte del istmo de Tehuantepec que es la población más “costumbrista” bajo el régimen de partidos, el más atrasado política y económicamente de la microrregión. Ese costumbrismo o arcaísmo ha permitido la instauración del cacicazgo familiar de los Juárez Mendoza, que llevan casi tres lustros adueñados del poder municipal. Tema para otra entrega.
En vísperas de sus procesos electorales el gobierno anunció “focos rojos” en al menos 10 de estos 418 pequeños municipios, a la postre fueron 48. “El Subsecretario de Gobierno (de Ulises Ruiz y hoy asesor de Gabino Cué) Joaquín Rodríguez Palacios, informó de diez municipios con ‘alto grado de explosividad’ porque, a través de asambleas irregulares, los actuales ediles pretenden dejar a familiares o allegados en el cargo… los alcaldes pretenden pasar por alto la voluntad de la mayoría y no respetar los usos y costumbres”. El funcionario añadió que esto se agrava por “la falta de transparencia y malversación de los recursos públicos y obras inconclusas” (Noticias, 26 de agosto de 2010).
Sin embargo, prevalece una posición defensora a ultranza de este sistema. Hay quienes dicen que el proceso de descentralización federal, desde las reformas salinistas al artículo 115, atenta contra la autonomía de esos pueblos. Para éstos lo ideal es que los indígenas sigan “felices en su pobreza”. Otros que los partidos políticos invaden y causan división en esos municipios. No se ocupan, ni quieren ver la problemática real que los tiene en la pobreza y que debería atenderse antes o a la par de la cuestión jurídica (siempre sale más barato hacer y presumir leyes que nadie respeta): atraso económico, político, educativo, cultural, analfabetismo, emigración, todo lo cual los hunde en una violencia permanente. Ejemplo de lo anterior son: la cadena de asesinatos en San Juan Copala; Santiago Juxtlahuaca y los 38 secuestrados de Santo Domingo Yosoñama a manos de San Juan Mixtepec, además de la expulsión de familias por intolerancia religiosa y considerar a la mujer un ser inferior, el secuestro de funcionarios en Yaveo y el asesinado del edil de Amoltepepec, entre lo más reciente.
En estas poblaciones urge atender las exageradas violaciones a los derechos humanos, urge más eso que arreglar cómo disputarse convenientemente el poder los grupos locales. Porque aquí las disputas por el poder tampoco es entre ángeles.
Un dato revelador es que en estos pequeños municipios que poseen el 30% de la población de Oaxaca, sus ayuntamientos cometen el 35.56% de las violaciones a los derechos humanos. El resto se lo dividen la PGJ y el IEEPO. Hay que considerar que pueden ser mucho más violaciones ya que de esos pueblos sólo salen a quejarse los avecindados o indígenas que ya han emigrado, la mayoría es muy pobre y guarda respeto y temor a sus autoridades pues pueden recibir serios castigos si salen a quejarse. (Blas L. Cuauhtémoc, “Oaxaca, ínsula de rezagos. Crítica a sus gobiernos de razón y de costumbre”. 2007. Edit. Siembra. Pp.113-114 y 125).
Además de grave, es largo este asunto. Por lo pronto conviene apuntar que aquellos municipios que fueron de usos y costumbres y pasaron al régimen de partidos políticos, antes de las reformas de mediados de los 90 del siglo pasado con las cuales iniciaron estos problemas usocostumbristas, no tienen problemas poselectorales: Santa María Huatulco, San Juan Guichicovi, San Jacinto Amilpas, entre algunas municipalidades que para nada añoran ese pasado. Si la realidad nos está diciendo de qué manera se acaban los problemas en esos pueblos, con el mejoramiento de la democracia en ellos, ¿por qué proseguir con un desastroso discurso seudoindigenista?
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