Revés de la Comisión de Derechos Humanos al huatulqueño “código de vestimenta”, pero tanto esa Comisión como el IMO desatienden el misógino e ilegal despido de 40 empleadas por parte del ayuntamiento que preside Lorenzo Lavariega Arista.
Después de dos meses de que el ayuntamiento de Huatulco emitiera su “Código de vestimenta” para el personal femenino, quedó “plenamente probada la existencia de la instrucción girada por el servidor público” Luis Enrique Hernández, subordinado del Presidente Municipal de Santa María Huatulco, “Lencho” Lavariega. El famoso código que dio vueltas al país, una gema de la estulticia de nuestros políticos aldeanos, dice:
“los zapatos deberán ser cerrados y de preferencia con tacón, algunos modelos descubiertos son permitidos siempre y cuando luzcan apropiados para un ambiente de oficina, debiendo evitar sandalias y zapatos deportivos (tenis); el largo de la falda será correcto a la altura de la rodilla como mínimo; en el caso de los pantalones evitar llevarlos demasiado ajustados o cortos…
“En cuanto a las camisas y blusas sólo deben evitarse la transparencia, los escotes pronunciados y telas brillantes, así como los strapless, camisetas tipo “tops” o demasiado cortas de la cintura; el maquillaje deberá ser discreto y apropiado, debiendo evitar colores encendidos en los labiales y sombras”.
La Comisión de Derechos Humanos censuró dicho oficio y dijo: “resulta paradójico que las instituciones que deberían garantizar los derechos humanos, los vulneren y transformen a algunos grupos de personas, en víctimas de una violencia institucional”.
A pesar que el presidente Lorenzo Lavariega reiteró que él no conocía ese “Código de vestidura” (sic), la Comisión de Derechos humanos asienta: “existe evidencia que el oficio fue notificado a Darío Pacheco, Secretario Municipal, quien por el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, debió dar cuenta al Presidente”.
Ante estas violaciones a los derechos humanos, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDHOAX) emitió la Recomendación número 09/2011, con fecha 4 de mayo de 2011:
“Primera.- Instruir al personal de ese Ayuntamiento que ejerce funciones de mando, para que se abstenga de cualquier acción o practica de violencia contra las mujeres que laboran en el mismo.
“Segunda.- Se exhorte por escrito al Presidente Municipal de esa comunidad, para que evite utilizar expresiones subjetivas y discriminatorias hacia el personal femenino que se encuentra laborando en el Ayuntamiento a su cargo.
“Tercera.- Giren sus instrucciones para que inicie y concluya procedimiento administrativo en contra de Luis Enrique Hernández Hernández, Jefe del Departamento de Recursos Humanos de ese Ayuntamiento, por el ejercicio indebido de la función pública y las violaciones a derechos humanos... “
A pesar de la notoria debilidad de esta simple llamada de atención a Lavariega, ilustra la gravedad del caso, mismo que adquirió fuerza por la gran difusión que halló en casi todos los medios de comunicación del país.
Sin embargo, tanto el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) que hizo la denuncia contra dicho código como la Comisión de Derechos Humanos se fueron sólo con lo espectacular, el absurdo “Código de vestimenta”. Ninguno se atrevió a tocar el despido de más de 40 empleadas del ayuntamiento, entre ellas dos embarazadas y la forma arbitraria en que fueron liquidadas.
Y desde cualquier punto de vista dejar sin ingresos a una familia es más trascedente, pues, en última instancia, las mujeres pueden prescindir de minifaldas, zapatillas, top y strapless, pero no de un salario para mantener a sus hijos. Pero es más rentable a los funcionarios defender las libertades subjetivas.
Notas al margen: Gonzalo Ruiz Cerón, quien fuera titular de la Coordinación de Transporte del gobierno de Ulises Ruiz, está en la cárcel. Nada más justo. Y para que la justicia se instaure en Oaxaca pronto deberán acompañarlo muchos otros muy conocidos como el ex titular de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib. Que en cinco meses Cerón y sus cómplices emitieran 9 mil concesiones ilustra el tamaño de los fraudes, pues son varios fraudes: el realizado contra las normas institucionales, el que se hizo a quienes adquirieron concesiones clonadas, los regalados a sus parientes y amigos como una concesión que ampara 10 camionetas Suburban a José Humberto Cruz Ramos y su hijo Alan Humberto y su socia María Angélica Angón Cano, gerente del hotel Dreams de Huatulco. Pero el fraude mayor es contra Oaxaca, pues si fueron 9 mil concesiones en cinco meses, o sea 100 días hábiles, tuvo que dedicarse a emitir a rajatabla 90 concesiones diarias. O sea
dedicarse de tiempo completo a la transa. Con razón tanta inconformidad y manifestaciones desatendidas. No tenía tiempo para atender los asuntos de la sociedad oaxaqueña, estaba de tiempo completo dedicado a los negocios privados desde un puesto público, como muchos otros del sexenio pasado, y como empiezan algunos de este nuevo.
