A la señora Manuela Celaya se le murieron su esposo y su hija el pasado 16 de junio cuando la tormenta tropical “Dora” derrumbó la casa donde vivían en la colonia San Miguelito de Salina Cruz. La menguada familia de Gabriel López Estudillo y Sandra López, muertos al caerles encima su casa por la negligencia de las autoridades al no declarar a tiempo el estado de emergencia, ni siquiera han tenido una mínima atención.
La señora Celaya, de 80 años de edad, quedó sola con una hija minusválida de poco más de 40 años, sin casa y sin quien las provea. Sobreviven en casa de un familiar. Ella manifiesta que a casi un mes de aquellos sucesos en las dos ocasiones que ha intentado una audiencia con el presidente municipal panista Gerardo García Henestroza, éste, aun estando en su oficina de palacio municipal, no la ha recibido. El encargado de rechazarla, dice, es el secretario particular del presidente.
El gobierno federal ha dispuesto del programa Fondo para Desastres Naturales (FONDEN) para auxiliar a los afectados que, generalmente, se ubican en lugares peligrosos donde los tiene la pobreza, como la gente que nos ocupa. Por la normatividad, los recursos del FONDEN ya deben estar a disposición de esa gente pues si el gobierno del estado no requiere esos recursos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de realizada la declaratoria de emergencia, los afectados pierden ese apoyo. Funcionarios federales nos aseguran que esos recursos ya deben estar a disposición, pero los afectados como la señora Manuela, de Salina Cruz, apenas les entregaron una serie de formatos que no sabe rellenar.
El presidente sostiene la actitud autista de encerrarse en su oficina sin recibir a nadie ni mover un dedo, como lo hizo cuando la tormenta mencionada azotó Salina Cruz y amenazaba con hacer más daños. Era urgente emitir la declaratoria de emergencia, pero no se hizo a tiempo, lo que cobró esas dos vidas.
En las redes sociales un lector nos llamaba la atención sobre el cambio de actitud de los presidentes una vez que toman el poder. Se tornan principescos y se rodean de incondicionales, cómplices y proxenetas, dejando inoperantes importantes áreas de la administración, direcciones y oficinas que al no contar con personal con el perfil adecuado, no sólo no sirven para proteger a los ciudadanos, sino sus decisiones constituyen un peligro adicional para la población. Eso pasa en Salina Cruz.
Otro elemento a considerar es el lastre de los negocios privados con recursos públicos. Lo que en Salina Cruz tiene correspondencia con la opacidad. Apresuradamente subieron la página web del ayuntamiento, pero contiene puras leyes y “rollos”, no hay información de sueldos y dietas de ediles y altos funcionarios, menos sobre montos de obras y de las licitaciones. Tampoco de los millones que les entrega Pemex en efectivo y especie. Lo que sí se puede ver ahí son los salarios de hambre para personal como secretarias, de apenas 3 mil pesos. Lo de una par de comidas en el restaurante Bataglinnes, confortable oficina alterna de García Henestrosa.
Un punto en materia de obra pública de urgente eliminación, es la posibilidad que tienen las autoridades de dividir en cuantas partes quieran el monto total de las obras, para así entregar como adjudicación directa obras millonarias. Dichas grandes obras de entrada se ven afectadas por esa atomización, pues en principio la normatividad indica que deben ser licitadas públicamente, es decir sometidas a concurso para que sean las empresas con suficiente capital, curriculum y solvencia moral quienes se hagan cargo de ellas con la garantía de entregar resultados de calidad.
En el municipio que nos ocupa sucede lo anterior con una obra de 32 millones de pesos, para la llamada modernización del acceso al puerto de Salina Cruz, que la población conoce como “cuatro carriles”. Casualmente esa obra fue entregada a la empresa Ingenieros Civiles del Istmo (ICISA) propiedad del subsecretario de desarrollo social del gobierno del estado de Oaxaca, Víctor Rafael González Manríquez, ex edil panista de salina Cruz, hombre estrechamente vinculado al actual presidente municipal, a quien este último debe en buena parte su carrera política.
La opacidad de este ejercicio de 32 millones se deja ver hasta por funcionarios del ayuntamiento quienes desconocen el proyecto y los términos de la entrega de la obra a dicha empresa, además sostienen que esta carretera no cumple las especificaciones técnicas: la recuperación de pavimento viejo, por ejemplo, sólo se hizo por partes, lo cual incrementó el grosor al aplicarse el pavimento nuevo obviamente con el ahorro del mismo en largos tramos de los 3.2 kilómetros de carretera con el peligro que ello implica. Por su parte, los pescadores de Bahía La Ventosa y de las Salinas del Marqués se quejan que no obstante el ayuntamiento recibió 11 millones de pesos de PEMEX desde el mes de marzo pasado, en nada los ha auxiliado.
En otra entrega comentamos como Gonzalo Ruiz Cerón, ex titular de Cotran, hoy en la cárcel, emitió 9 mil concesiones de taxis en sólo cinco meses, a razón de 90 concesiones diarias. Lo cual sugiere que estaba dedicado de tiempo completo a atender sus negocios. Esa historia puede estarse repitiendo en muchas partes, como en Salina Cruz, donde no hay atención ni a los servicios públicos más elementales como la recolección de basura la, que a todas horas puede verse regada en las principales calles y en el nuevo panteón que tienen como basurero, y menos atienden a los salinacrucenses caídos en desgracia quienes sobreviven sin auxilio de sus autoridades. Qué bonito cambio.
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