No se puede decir que México viva en un clásico Estado de derecho, ni siquiera en un estadio cercano a él. Si bien no hay un Estado de derecho perfecto, lo que tenemos en el país y, peor aún, lo que padecemos a diario en Oaxaca está muy alejado de éste.
Entre las definiciones clásicas de Estado de derecho figura la de F. A. Hayek quien dice: “Significa que el gobierno está vinculado por normas fijadas y publicadas de antemano —normas que hacen posible prever con bastante certeza cómo usará la autoridad sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias y planear los asuntos de los individuos con base en este conocimiento.”
En sentido amplio significa que los actores deben obedecer el derecho y regirse por él. Todos los actores, no sólo los ciudadanos, también sus autoridades, funcionarios, jueces. Pues otra condición para que no desparezca el Estado de derecho es que existan jueces (poder judicial) independientes, educados y razonablemente eficientes. Sin esta última característica, siguiendo a Sergio López Ayllón, no puede haber Estado de derecho pues si en el juez radica la autoridad de aplicar las leyes y no posee esta razonable eficiencia, el marco jurídico que habría de sostener el Estado de derecho deja de servir y no hay posibilidad de vivir en ese Estado.
Junto a esa educación y eficiencia del poder judicial, el Estado de derecho debe tener otros atributos constitucionales como es tener leyes públicas estables y la fuerza capaz de aplicar esas leyes y mantener la paz pública y la seguridad.
Por eso el Estado de derecho es un concepto más amplio, engloba también dos puntos fundamentales: es condición para la existencia de la economía de mercado y elemento central de las democracias. Al cambiar a menudo las leyes por intereses coyunturales se mandan pésimos mensajes para el funcionamiento de esa democracia y economía de mercado.
Pero para que existan las condiciones para tener un buen marco jurídico, con normas y leyes adecuadas al contexto social, se necesita una formación (educación) también adecuada de los legisladores o del cuerpo de soporte del legislativo. Sin embargo, cuando se bajan estos imperativos teóricos a la realidad de Oaxaca vemos que la actuación de nuestros legisladores locales como su cuerpo de asesores carece de esa formación para un buen desempeño.
Un botón de muestra de lo anterior lo tenemos en el actual presidente de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Oaxaca, el ex rector de la UABJO Francisco Martínez Neri, quien exhibió su incapacidad política y, más aún, su autoritarismo al dar un golpe en la mesa incapaz de conciliar y se fue de inmediato por el lado coercitivo a castigar con descuentos en sus dietas a los legisladores que en mayoría fueron omisos a su llamado a las sesiones ordinarias, que por falta de quórum no pudieron realizarse dejando de atender su trabajo y las necesidades de los oaxaqueños.
Esta semana que concluye fue rico en expresiones ilegales de ciudadanos y autoridades en materia de desacato al marco jurídico en Oaxaca. Se exhibió también el legislativo al cambiar las reglas del juego para el nombramiento del nuevo ombudsman (defensor de los derechos humanos) para que la mínima congruencia de que este cargo recayera en un auténtico ciudadano no subordinado al poder público desapareciera y con el argumento de no lesionar el derecho de cualquier ciudadano a ser electo, se dejó la puerta abierta para que un funcionario gubernamental en funciones pueda ocupar ese delicado cargo. Una legislación a modo para el poder, no para bien de la sociedad.
Otra escandalosa ilegalidad que puso a Oaxaca en el centro de las críticas y hasta en la sorna nacional fue el enésimo cierre de las vialidades de la ciudad de Oaxaca por “quítame estas pajas” de los seudo estudiantes de educación Normal, quienes secuestran con la mayor indolencia a la ciudadanía cada que quieren para exigir incremento a sus becas, rechazar examen de oposición para ocupar sus redituables plazas de maestros y cualquier evaluación que no sea las que ellos mismos se hacen, además de pedir más de esas plazas para los egresados de las normales cuando la demanda de profesores va a la baja.
Ahora este episodio tuvo un agregado que lo potenció, decíamos, y fue la singular protesta de un ciudadano que se desnudó en plena calle frente a los normalistas para exigir respeto a sus derechos. Por la facilidad con que se conculcan los derechos de la ciudadanía al cerrar carreteras, calles, oficinas, el gesto de desnudarse para protestar fue exaltado de diversas maneras cuando el ciudadano se vio precisado también a violar normas elementales de convivencia.
Pero, ¿con qué autoridad puede el gobierno exigir a los ciudadanos que se ajusten al Estado de derecho si él mismo lo viola a menudo?
Oaxaca está llegando a límites insostenibles en esta materia donde el mismo gobierno del estado también viola dicho Estado de derecho, incluso hasta con las propias leyes que propuso a la LXI Legislatura cuando recién tomó el poder. La que exigía a sus altos funcionarios tener título o cédula profesional que ni él mismo llamado gobierno del cambio cumplió. Con 4 de esos funcionarios que tomaron posesión de altos cargos sin cumplir la novedosa disposición, violando el marco jurídico.
Sería larga la relación pero nos vamos con lo más reciente y grave. En la imposición del famoso distribuidor vial de Cinco Señores no cumplió el gobierno con las normas en materia de planeación, ni con las disposiciones que el mismo se estableció para regular sus actos: la consulta de los Consejos Ciudadanos, tanto municipales como de la propia dependencia encargada del sospechoso distribuidor, SINFRA, cuyo Consejo Consultivo no fue tomado en cuenta en el diseño del proyecto.
No se ajustó el gobierno en esta obra a las normas del proceso de planeación, no hay Plan de Desarrollo Urbano ni de Ordenamiento Vial donde se inscriba, ni está contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo. También pasó por alto la necesaria aprobación del cabildo municipal. Además de engañar a la ciudadanía diciendo un día que se suspende el puente elevado yal otro día que el proyecto se hará como fue proyectado, solo que en diferentes tiempos.
Pero donde este desajuste legal del gobierno del licenciado Gabino Cué Monteagudo afrontará quizá serios problemas será en el conflicto de intereses que se avecina por invadir las leyes, normas y lineamientos federales en materia de educación. La SEP tiene por ley el monopolio de la educación nacional, lo cual no es para festejar pero lo tiene en el marco del derecho. Tendría el legislador que reformarlos para que estados como Oaxaca pudieran tomar en sus manos la planeación, currícula, contenidos y planes y programas de la educación estatal.
Mientras tanto el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca que el gobierno de Oaxaca presentó y avaló conjuntamente con la Sección 22 del Sindicato del magisterio es una propuesta ajena a ese marco legal. Además de muchas otras críticas que se podrían hacer a tan elemental documento, de mínima calidad, sin siquiera un diagnóstico de la terrible realidad educativa estatal.
Proyecto increíble, por lo demás, pues como sostiene el experto en la materia profesor Tomás Vicente: “Hay que decir que en las instancias de gobierno no se cuenta con los instrumentos o instituciones para darle validez y analizar con rigor y capacidad pedagógica, social y política los proyectos educativos en el estado.” (Revista En Marcha 145, pág. 24). Y por lo visto, de acuerdo a lo exhibido en la propuesta “Alternativa” de la Sección 22, tampoco el magisterio cuenta con personal con esas finas capacidades. Sus capacidades están en presionar, realizar marchas, cerrar carreteras, impedir el desarrollo educativo de los oaxaqueños. Son 32 años de esa actuación que lesiona cotidianamente el Estado de derecho. Luego entonces, no es casual que el gobierno del estado y la sección 22 empiecen a trabajar ahora unidos contra Oaxaca.