En total opacidad se manejaron montos, contratos, licitación y trabajos del cubrimiento del Auditorio Guelaguetza. Obra que, sin licitación la entonces Secretaría de Obras Públicas entregó a la empresa de origen español Isolux Corsan Construcciones, y que debió concluirse en octubre del 2009, pero acabó el sexenio anterior sin culminarla. A su costo inicial contratado de 65 millones, el gobierno de Ulises Ruiz concedió aumentar a 105 millones de pesos.

¿Pero quién pidió esa ley? ¿De dónde la sacaron? Parece una de las peores bromas de algunas piezas de humor negro de nuestro Humor Oaxaqueño. Cual auténtico ariete dicha ley ha demolido los primeros días que debieron ser la entrada triunfal del nuevo gobierno. Si fue, como dicen algunos, un plan preconcebido para pagar cuotas y luego decir a los cobradores: te quise dar pero no cumpliste con la ley y ahora van mis amigos, como se dio con la sustitución del panista Ahuja Pérez por José Zorrilla Diego, el costo es muy alto.

Faltan pocos días para que se cierre un duro ciclo de la vida de Oaxaca. Nunca un sexenio de gobierno estatal había sido tan largo. El conflicto social de 2006, será en la historia el mayor estigma del gobierno en retirada, muestra de los alcances de su despotismo y la descomposición social y política.

El epitafio del gobierno actual en retirada podría ser “Todo se hundió”. Al desastre electoral y los planes transexenales del gobernador Ruiz Ortiz truncos, se sumó la revelación de la onerosa deuda pública del estado, que aumentó un mil por ciento, de 600 millones en que la dejó el llamado “Atila de Ixtepec”, José Murat, a 6 mil 500 millones en que aún la tiene el actual gobierno, aumento desmesurado y cuyo ejercicio no se ve materializado en alguna parte.

El binomio concesionarios del transporte urbano-gobierno del estado ha compartido intereses en una larga etapa de la vida de Oaxaca, ha respondido más a los intereses de los empresarios del transporte que a los de la sociedad. Ni siquiera hay racionalidad en el transporte, pues el abandono de sus obligaciones como gobierno deja un vacío que aprovechan los prestadores del deficiente servicio.