La violencia en México es de náusea, pero sólo parecen padecerla quienes se ven envuelta directamente en ella. El resto de la sociedad intenta por todos los medios reforzar el autoengaño: eso le pasa a otros, como si los otros no fuéramos todos. Lo peor tal vez no sean los asesinatos cotidianos, las ejecuciones masivas, lo que ya es decir mucho. Nadie debería morir así, en la barbarie. Lo verdaderamente grave es que las vidas perdidas en los últimos tres años se han convertido en cifras que ya no alarman. La violencia parece un lugar común; una muerte más o una vida menos es un mero ejercicio de estadística. Una nota más de unos muertos más en una jornada sangrienta más. Eso ya ni siquiera es noticia, y menos si los muertos no son famosos o la masacre del día no es aderezada con una insolente declaración gubernamental.El año pasado cerró con cifras alarmantes: un ejecutado cada 65 minutos, sin pausa, todos los días. El gremio periodístico también pagó su cuota: el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) documentó agresiones contra 183 periodistas y 19 medios de comunicación en el país, por razones vinculadas con su labor informativa. En el mismo lapso, 13 comunicadores fueron asesinados. El informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión en México: “Gobierno y narco: la lucha por impone la agenda periodística”, registra una realidad a la que ningún medio ni periodista escapa.
Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.
La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.
El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.
Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.
Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.
En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.
Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.
Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.
Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.
* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org. Este texto es la presentación del informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión 2009,
Este 2010 no ha iniciado mejor: más de 900 asesinatos tan sólo en enero apuntan hacia el recrudecimiento de la violencia. Para los periodistas no es mejor: tres asesinatos el mes pasado, un secuestro y un colega que debió exiliarse para preservar su vida, son un oprobio.
La descomposición que ha vivido el país a lo largo de la actual administración federal ha colocado a la sociedad mexicana en el fuego cruzado. El número de víctimas inocentes no se agota en los muertos, los heridos, los desaparecidos: incluye la generalizada sensación de indefensión que nos agobia a todos. En medio de esto, los periodistas hacemos nuestro propio recuento de daños y contamos nuestras bajas.
El imperio de la violencia en México no se explica solamente por la disputa del control del crimen organizado, o por la represión legítima del Estado, o por la corrupción que envuelve todo, sino por la impunidad que le caracteriza.
Para la sociedad en general, y particularmente en el caso de los crímenes contra periodistas, la impunidad es una doble victimización: el agravio de la agresión, primero, y luego el silencio o, aun peor, la desacreditación de la víctima mediante la sospecha difamatoria. En Cepet sostenemos que la defensa de la libertad de expresión no implica respaldar actividades ilícitas o antiéticas de medios o periodistas, cuando así llega a ocurrir, pero también reclamamos que ningún crimen debe quedar impune.
Alarman e indignan las hipótesis posibles que expliquen la impunidad en México: o es producto de la ineficacia del Estado para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de la sociedad, o es reflejo de la indiferencia gubernamental, lo que sería aun peor.
En cualquier caso, la sociedad general y la sociedad civil organizada no están inermes, si es que nosotros, los periodistas, nos reconocemos como parte de ellas.
Es hora de que los periodistas nos replanteemos nuestro papel en esta insensata guerra. Ninguna nota vale una vida, eso es cierto, pero tenemos que aprender a administrar los riesgos inherentes de la profesión para eludir la autocensura o para no convertirnos en correo del zar. Nosotros no podemos abandonar a la sociedad que, sin información, agregará a su angustia la carencia de elementos de juicio que le permita comprender la situación que vive y actuar en consecuencia mediante el ejercicio razonado de ciudadanía.
Es hora de que en el gremio periodístico revisemos nuestros estándares éticos. Debemos asegurarnos de brindar una cobertura informativa pertinente para la sociedad, más allá del estridentismo o de las veleidades gubernamentales y del crimen organizado que pretenden utilizarnos como parte de su artillería.
Es hora de que los periodistas, desde los medios, recuperemos la agenda informativa y se la entreguemos a la sociedad.
* Gerardo Albarrán de Alba es periodista, miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y director de la revista electrónica Saladeprensa.org. Este texto es la presentación del informe de Cepet sobre la situación de la libertad de expresión 2009,
