Tuxtepec.- Dos polémicos líderes sociales, Catarino Torres Pereda y Heriberto Pazos Ortiz, fueron asesinados en las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, respectivamente.
Los sucesos se inscriben dentro de un clima de criminalidad donde personajes de la vida política son ejecutados sin que los responsables materiales e intelectuales sean llevados, ni por casualidad, ante la justicia.
Abundan en la historia reciente de Oaxaca casos de personas vinculadas a la política –incluso serviles al gobierno, como Tomás Matus, ex líder del sindicato del Cobao o Roberto Mendoza, ex líder de comerciantes en la ciudad de Oaxaca- que pierden la vida de manera violenta sin que a la fecha exista alguien enfrentando un proceso penal.
Papaloapan, desatendido
Si esto ocurre en los asuntos sonados, donde hay cierta presión social y política, el destino de los casos de menos resonancia mediática es todavía peor.
Así, por ejemplo, en los ocho meses recientes, la cuenca del Papaloapan, en especial Tuxtepec y Loma Bonita, han sido escenario de al menos 40 ejecuciones, un igual número de levantones y secuestros, así como de más de diez feminicidios, dos asaltos bancarios y un caso de fraude cibernético con pérdidas millonarias.
Toda esta espiral incontenible de violencia nunca tan acentuada como en los últimos años del gobierno actual, forma parte de un extenso listado de delitos que ofenden y lastiman permanentemente a la sociedad tuxtepecana.
Impunidad, invitación al crimen
En ese contexto, si se atiende la teoría criminológica que considera a la pena como ejemplificación para inhibir o frenar al delincuente, la falta de castigo a los culpables de todos esos delitos cometidos en Tuxtepec es una invitación al crimen. En esos términos no es exagerado afirmar que la impunidad ha tomado carta de naturalización en Oaxaca y la región de Tuxtepec no es la excepción sino más bien la confirmación más constante a esa ominosa realidad.
Volviendo al caso de Catarino Torres, dirigente del Comité de Defensa Ciudadana, el móvil político sería en teoría una las líneas de investigación pues fue pública y notoria la preferencia de su organización tanto en el conflicto del 2006 como en las pasadas elecciones estatales.
Agravios de Codeci
Otra línea, sin duda, son los múltiples y también, hay que decirlo, impunes agravios que su organización causó entre población de lo más variada en la defensa, muchas veces fuera del marco legal, de sus representados.
La más reciente afrenta del Codeci fue causada al presidente municipal de Ojitlán, Felipe Silvestre quien apenas el domingo 14 de octubre fue secuestrado, maniatado como un auténtico cochino y exhibido en su pueblo.
Al final de cuentas el asunto está en manos de la procuraduría regional de justicia, pero no se pueden abrigar grandes esperanzas de dar con él o los asesinos. Además, con eso de que los actuales gobernantes están con el pie en el estribo, seguramente el destino de este asunto será el de muchos otros: el carpetazo, el olvido. Y así, el círculo perverso de impunidad como alimento del monstruo de la criminalidad seguirá creciendo de manera exponencial.
