En un conflicto artificial creado por Amador Jara, entonces dirigente del PRD, ante la negativa del presidente municipal Pedro Cabañas de seguirle obsequiando 500 mil pesos del erario (según el mismo Cabañas), desde 2011 Santa Lucía del Camino sufre un absurdo: un presidente constitucional reconocido por todos menos por la Secretaría de Finanzas que entrega los recursos municipales a personas sin personalidad jurídica.
A partir de marzo de 2011, a sólo tres meses de iniciado funciones la nueva autoridad municipal de Santa Lucía del Camino, empezó una disputa entre el entonces presidente del PRD estatal Amador jara Cruz y el presidente municipal Pedro Cabañas Santamaría. El edil declaró que el primero lo conminaba a entregarle 500 mil pesos mensuales por considerar que él lo hizo candidato de ese partido con lo que posteriormente ganara esa posición municipal.
Como el edil se negara al tercer mes a entregar esa cantidad y ofreciera sólo 200 mil pesos al dirigente partidista, éste amenazó con quitarle el puesto, "de mi cuenta corre que dejarás de ser presidente municipal", comenta Cabañas que le dijo Amador Jara.
Jara tomó a Omar Eusebio Blas Pacheco, síndico municipal para sustituir a Cabañas. Se habla de un oficio de petición de licencia de Cabañas que éste asegura ni siquiera firmó, pero aún cuando lo hubiera firmado ese oficio nunca llegó siquiera a la única instancia facultada para remover ediles, la Comisión de gobernación del Congreso local que no se enteró de esa posible licencia, por lo que nunca hubo suspensión o revocación de mandato en Santa Lucía del Camino.
De ahí que para todas las oficinas de gobiernos estatal y federal y el legislativo Pedro Cabañas Santamaría sea el presidente municipal constitucional de Santa Lucía, de lo que existen diversos testimonios que no dejan duda al respecto.
Documentos a favor de Cabañas
Dos documentos oficiales despejan de manera concluyente cualquier duda de quién es la autoridad municipal en Santa Lucía de Camino, Oaxaca. Un oficio de fecha 19 de julio de 2011, número SGG/SDP/DG/78/2011, firmado por el entonces director de gobierno de la Secretaría General de Gobierno Javier Jiménez Herrera, dirigido a Alfredo Ambrosio Cruz y Daniel Alonso Manuel que dice:
"en respuesta a su solicitud me permito informar a usted que procedió la cancelación de la acreditación expedida a favor de los CC. Miguel Hernández Santiago y Rogelio David Silva Ochoa, como tesorero y Secretario del Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino Oaxaca, por carecer de validez toda vez que fueron rubricadas por una persona distinta a la facultada para tal efecto. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar."
El otro oficio es de fecha 8 de noviembre de 2012, número SGG/SSGPD/DARAM/0379/2012, firmado por Reyna Isabel Maldonado, jefa del departamento de acreditación y registro de autoridades municipales quien ahí expresa que responde al oficio de solicitud de esa información por instrucciones del (nuevo) director de gobierno Emilio de Gyves Montero:
"Me permito informar a usted que la persona acreditada ante esta Secretaría (General de Gobierno) como Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino es el C. Pedro Cabañas Santamaría
Asimismo con fundamento en el artículo 19 fracción VIII del reglamento interno de la Secretaría General de Gobierno, anexo le envío copia certificada de la Credencial de Acreditación respectiva."
Congreso: Cabañas, el presidente
Esta es la situación jurídica del municipio de Santa Lucía que establece con toda claridad quién es la autoridad municipal constitucional. Pues por si fuera poco el presidente de la Comisión de gobernación del Congreso Local Elías Cortés también se ha expresado en ese sentido, en el sentido de que la autoridad municipal es Pedro Cabañas pues no ha mediado ningún procedimiento de licencia o suspensión de mandato del presidente municipal, única forma para que
esa autoridad fuera removida, faltando el nombramiento de quién sería es sustituto que también sancionaría el Congreso y del Congreso.
La Comisión de Gobernación del Congreso local, que preside el diputado Elías Cortés, se encarga de dictaminar las licencias, suspensión, revocaciones de mandato de concejales y desaparición de poderes de un ayuntamiento después de discutirlo y aprobarlo en el seno de esa Comisión.
Nada de lo anterior ha sido solicitado al Congreso por el ayuntamiento, pues es éste órgano de gobierno municipal que con base en las atribuciones que le confiere el artículo 115 Constitucional el que primeramente delibera en sesión de cabildo sobre la pertinencia de alguna solicitud de licencia de sus miembros. Después se lleva al Congreso para que la Comisión respectiva emita su dictamen y en caso de ser aceptada dicha licencia se publique en el Periódico oficial. Nada de eso ha sucedido, por lo que en diversas entrevistas el presidente de la Comisión de gobernación ha expresado que el presidente municipal constitucional de Santa Lucía es Pedro Cabañas Santa María.
Autoridades sin sustento
Así, sin sustento alguno se hizo a un lado a la autoridad legalmente constituida, la que después de las elecciones recibió su constancia de mayoría del Instituto Electoral y reconocimiento de la dirección de gobierno estatal, con las credenciales y acreditaciones para ser las únicas que como ayuntamiento pudieran recibir las participaciones municipales y demás recursos que provienen de la federación.
De manera evidentemente ilegal, fuera de toda coherencia se entregaron desde abril de 2011 los recursos municipales a personas que si bien han pertenecido a ese ayuntamiento, no tienen la personalidad jurídica ni acreditación legal para recibir esos recursos. Un presidente municipal apócrifo y un falso tesorero.
Tanto las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca como el Congreso local afirman de manera categórica y hasta por escrito que la única autoridad municipal de Santa Lucía legal y reconocida es la encabezada por Pedro Cabañas Santamaría (ver oficios).
Ilegal entrega del erario
Entonces ¿qué ha sucedido ahí durante estos casi dos años?, ¿Por qué la Secretaría de Finanzas ha entregado más de 115 millones de pesos a quienes en ninguna parte son reconocidos legalmente? ¿De dónde saca esa Secretaría la autoridad o autorización para poner y quitar autoridades municipales constitucionales?
Obviamente, el principal insumo para que una autoridad municipal pueda funcionar, trabajar, hacer obras, brindar servicios a la ciudadanía son los recursos públicos que recauda y recibe de los gobiernos estatal y mayoritariamente del federal. En Santa Lucía dichos recursos que han entregado ilegalmente a Omar Eusebio Blas Pacheco y su apócrifo tesorero ni siquiera se han visto dónde se ejercieron, pues no hay obras, los servicios son mínimos, de tal manera que en este enero los ciudadanos decidieron no pagar predial y demás contribuciones por este caos administrativo.
Contraloría y ASE, cómplices
Al no entregarse los recursos a las autoridades legalmente constituidas sino a otros no reconocidos estamos frente a un desvío de recursos escandaloso. De lo cual no se han percatado tanto Perla Maricela Woolrich Fernández como Carlos Altamirano Toledo, titulares de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Auditoría Superior del Estado, respectivamente.
Si ambas dependencias no ven esta monumental anomalía, ¿a qué se dedica este par de funcionarios? Es evidente una actitud cómplice de éstos junto con muchos otros, de la Secretaría de Finanzas, principalmente. De tal forma que en el largo juicio interpuesto por Pedro Cabañas y sus abogados, donde se acusa a quienes han manejado los recursos municipales sin autorización de los delitos de peculado, malversación de fondos, desvío de recursos, abuso de autoridad y los demás que resulten, además de una demanda contra el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga, por desvío de recursos de ese municipio conurbado a Oaxaca de Juárez.
Ayuntamiento reconstituido
Después de un largo litigio el presidente constitucional logró el 24 de noviembre pasado ingresar al Congreso local una solicitud de revocación de mandato de los 7 regidores que no acudieron a las sesiones convocadas por el primer Concejal de Santa Lucía, Pedro Cabañas. De acuerdo a las formalidades jurídicas al no asistir pueden ser llamados sus suplentes, lo que ya se hizo y la autoridad municipal se ha reconstituido. Sin embargo, ni así se hace lo que debe proceder y aún se desdeña a la autoridad constitucional.
Lo anterior fue informado por Cabañas en una conferencia de prensa en los primeros días de este enero, así como de la existencia en su municipio de denuncias contra esos siete regidores por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, entre otros. Los regidores, encabezados por Blas Pacheco, aseguró Cabañas, han recibido dinero de manera irregular, sin que lo hayan utilizado para obras de beneficio social, y el ayuntamiento sufrió una parálisis todo este tiempo.
Llamó el edil a que en este mes los habitantes de la población no paguen sus impuestos en las oficinas que los seudoregidores habilitaron para ello, ya que carecen de legalidad y los pagos podrían verse perdidos. Dijo, además, que si los ciudadanos hoy destituidos de los cargos insisten en cobrar impuestos como lo hicieran el año pasado serían denunciados penalmente.
Cuotas de poder y dinero
Finalmente, lo que nos muestra este caso es el fracaso en Oaxaca de la coalición de partidos para gobernar la entidad, pues más que eso se trató de una repartición de cuotas de poder a grupos eufemísticamente llamados tribus partidistas y que en lenguaje llano son mafias delincuenciales hasta familiares que han tomado a los partidos políticos para delinquir "legalmente".
Les entregaron a los partidos y a grupos no sólo cuotas de poder sino de recursos como ilustra este caso, pues lo que sostienen en Santa Lucía es que Omar Blas sí habría entregado esos 500 mil pesos mensuales a Amador Jara (hermano de Salomón Jara secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa).
Omar Eusebio Blas Pacheco encabeza a los regidores del PRD, pero participan acá también en esta dinámica regidores del PAN, de Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), del PT. Ninguna de las dirigencias partidistas ha protestado por esta situación a todas luces ilegal. Lo cual indica que se respetan las cuotas políticas y económicas que, de paso, benefician económicamente a los miembros de esos partidos.
En el 2010 los ciudadanos de Santa Lucía igual que los del grueso de la entidad optaron por votar por un partido que no era el PRI, en una alianza de partidos que ofrecía un ejercicio de poder más decente y para librarse de personajes como "El guapo" Alejandro Hernández, presidente que asoló esa municipalidad el trienio anterior, protegido del ex hombre fuerte de Ulises Ruiz, Jorge Franco Vargas.
No fue así, los gobiernos del "cambio" resultaron en su mayoría gobiernos de más de lo mismo e incluso "peor de los mismo", tanto en Santa Lucía como en la entidad el desengaño es ominoso, pues son los funcionarios del poder ejecutivo del gobierno de Oaxaca quienes han hecho posible este escandaloso fraude en Santa Lucía. En próximos días es muy probable que Santa Lucía del Camino adquiera gran notoriedad en el ámbito nacional por la magnitud de este problema.
