Cuauhtémoc Blas / Segunda y última parte
La Cruzada contra el hambre en Oaxaca no marcha bien. Aunque aquí nos ocupamos de una sola coordinación regional, hay noticias de otras como la del Papaloapan donde los descontroles y quejas son similares. Destacó en estas entrevistas las respuestas diferentes de los funcionarios ante las mismas preguntas. Dan al traste con esta Cruzada la excesiva rotación de personal, el autoritarismo de sus funcionarios y la desatención de las autoridades responsables.
Han pasado más de dos meses de haber sido despedidos o renunciado a su trabajo un grupo de promotores comunitarios istmeños del Sistema Nacional Cruzada contra el Hambre, y es la hora en que no reciben sus salarios devengados. Han gastado en pasajes a la ciudad de Oaxaca para informar a los superiores de la coordinadora regional de ese programa en la región del Istmo y todo ha sido en vano.
Hay dos precisiones necesarias en principio, los promotores comunitarios son contratados por Sedesol —secretaría responsable de la Cruzada— bajo el eufemismo de becarios y lo que reciben no son salarios sino “becas”. Naturalmente, esta desventajosa condición de trabajo se encuentra debidamente apoyada en las reglas de operación del sistema. Como becarios no tienen seguridad en el trabajo, ni horario, ni seguro de vida, ni seguro médico. Denuncian también mal trato, exigencia de más de 12 horas de trabajo diario, exagerada carga de trabajo. Por ejemplo, la obligación de entregar 20 cuestionarios al día so pena de ser despedidos.
Maltratan y no pagan
Gerardo Mijangos, ex becario adscrito a Salina Cruz declaró para En Marcha que aún le adeudan dos meses de salario, de los cuatro meses que trabajó, de mayo a agosto de este año. La relación que hace de los malos tratos recibidos es larga: exigencias exageradas en el llenado de los documentos que por un punto o coma eran rechazados por la coordinadora regional Sandra Lucía Hernández Dehesa en Juchitán — municipio al que los obligaban a ir casi una semana al mes sin viáticos—; días enteros los tenía corrigiendo nimiedades de sus informes —señala el ex promotor comunitario—, mismos que si no eran aceptados no les pagaban; a él lo hicieron ir infructuosamente a Huatulco a cobrar y después a Oaxaca donde lo tuvieron dos días en espera hasta que les pagaron, afirmó.
Mijangos comenta que al principio el monto de la llamada beca era de 5 mil 300 pesos al mes, pero Sandra gestionó su aumento a 6 mil 300. “Esto sirvió de poco —agregó— pues no nos pagó prácticamente abogó pero para quedarse con ese dinero”. No obstante, sostiene que a otros les fue peor, pues no recibieron ningún pago de enero a mayo que laboraron. El ex promotor comunitario asegura —igual que todos los entrevistados— que nunca firmaron nada, ningún papel que probara su relación laboral, menos de algún seguro de vida o de salud.
Después de estos meses de pelear infructuosamente sus pagos y percatarse de la dinámica en que se mueven sus ex jefes, concluyen que esa rotación de personal la propician precisamente para deshacerse de “becarios”, generalmente de manera abrupta, de manera que exhiban motivo de enojo para no pagarles una quincena, un mes, dos o más meses y quedarse con ese dinero, pues las bitácoras, los cuestionarios llenos, los informes con evidencias fotográficas —como les llaman— ya están en los archivos.
¿Quién se queda con las becas?
El ex becario o promotor comunitario Cristian Chávez Foncet nos manifestó que ya se cansó de pelear por su pago, que ya ha viajado varias veces a Oaxaca y ha gastado inútilmente. Él es de Juchitán de Zaragoza y ha viajado a la capital con un compañero suyo de San Blas Atempa. “Todo ha sido infructuoso, nadie resuelve —dice—, todos parecen estar en contubernio”.
Las preguntas que se hacen es, ¿quién se queda con el dinero? ¿La coordinadora regional Sandra Lucía?, ¿participa la encargada estatal Silvia Solís López?, ¿le entra a esto el delegado de Sedesol José Antonio Aguilar San Sebastián? Ello porque ninguno de los dos últimos les hace caso, el delegado ni siquiera aceptó recibirlos, afirmaron.
Las ex becarias Osiris Edelmira López González y Maritza Jiménez Acevedo afirmaron a En Marcha, que el 10 de octubre se trasladaron a las oficinas centrales de Sedesol en Oaxaca para tratar de plantear al delegado de Sedesol las injusticias cometidas contra ellas, sobre todo la falta de pago por su trabajo, pero les dijeron que éste no se encontraba en la ciudad. Les indicaron que llamaran el 20 de octubre, así lo hicieron pero en esa ocasión de plano les dijeron que el delegado no podía atenderlas.
La pintora de Salina Cruz Osiris Edelmira expresa que a ella le fue medio bien pues le pagaron 3 mil 250 pesos de los 6 mil 300 que le debían por un mes trabajado, “Se quedaron con la mitad de mi beca”, se queja. Lo extraño —dijo— es que se lo pagaron en efectivo, cuando los pagos se supone que los hace la Universidad (UTVCO) con depósitos bancarios a una cuenta de débito de cada “becario” . Le fue medio bien —agregó— porque “hay compañeros a quienes les quedaron a deber cuatro meses”.
