“Ese punto no se trató en la mesa de negociación. Ni por el gobierno, ni por el sindicato”, fue la respuesta fría, concisa y reveladora del secretario general de gobierno, Jorge Toledo Luis, al cuestionamiento sobre la forma en que el magisterio oaxaqueño repondría los días de clase en los que realizaron su primer paro de labores, apenas en la segunda semana de iniciado el nuevo ciclo escolar. Y es que en esa breve frase corroboró lo que hace rato sabemos. Ni al gobierno ni al magisterio le interesa la educación de la niñez y juventud oaxaqueña. Cómplices al fin, violentan año con año, mes tras mes, todas las semanas, los derechos de los niños y jóvenes, al tiempo que ponen en jaque a la sociedad. En un círculo vicioso se sostienen unos a otros.
Prebendas económicas, salariales, en prestaciones y bienes materiales, en posiciones, obtiene la sección 22 al término de cada movilización. Carro completo en las elecciones federales y estatales, el proceso de clientelización que tan eficientemente se entrena en maestros y normalistas, ausencia de una educación que dote de herramientas y conocimientos para el análisis crítico, lo que conlleva su manutención en el poder, son las ganancias de la clase política gobernante y el PRI.
Prebendas económicas, salariales, en prestaciones y bienes materiales, en posiciones, obtiene la sección 22 al término de cada movilización. Carro completo en las elecciones federales y estatales, el proceso de clientelización que tan eficientemente se entrena en maestros y normalistas, ausencia de una educación que dote de herramientas y conocimientos para el análisis crítico, lo que conlleva su manutención en el poder, son las ganancias de la clase política gobernante y el PRI.
El círculo se cierra Jicayán
¿Que propició las movilizaciones, que por tradición ocurren en el mes de mayo, se trasladaran a septiembre? El viernes 28 de agosto, se concentraron centenares de profesores de la región de la Costa con el fin de “recuperar” dos escuelas ubicadas en San Pedro Jicayán, “en poder” de la sección 59.
Al llegar a uno de los centros educativos, decenas de maestros de la 59 y padres de familia se habían atrincherado para “protegerlo”. Los manifestantes, armados con garrotes, piedras, palos y machetes, como muestran las gráficas de ese día, se encontraron con una resistencia que tenía armas de fuego.
El desequilibrio numérico fue sustituido por la ventaja de las balas. Y varias de éstas impactaron entre los profesores, con un saldo de varios heridos y la muerte de Artemio Norberto Camacho Sarabia.
La reacción fue cercar el centro educativo hasta que huyeron quienes se habían pertrechado en él, entonces fue tomado por los mentores de la sección 22, quienes se dirigieron al palacio municipal, en el cual se escondía el presidente municipal priista de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios. Éste, junto con el síndico y regidores, fueron capturados, maniatados y vejados por la multitud.
Además, el magisterio mostró entonces su capacidad de respuesta. Ya en la misma tarde de ese día, fueron bloqueados varios importantes cruceros de la capital estatal. En los dos días subsecuentes anunciaron una “jornada de movilizaciones” de por al menos tres días (1 al 3 de septiembre, que se prolongaría al 4 por asambleas seccionales), al tiempo que daban al gobierno estatal dos semanas para capturar a los culpables del asesinato y para entregar las escuelas en supuesto poder de la sección 59.
La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada: “es un conflicto inter gremial en el que el gobierno estatal no tiene ingerencia”.
Varias interrogantes surgen de esta serie de acontecimiento y declaraciones. ¿No son las escuelas públicas, propiedad de la nación?, y, ¿son responsables de su manejo y control los gobiernos estatal y federal?.
¿Cómo es que pueden estar en “poder” de una sección y por qué otra tiene que “rescatarlas”? Si el gobierno es la parte patronal y el conflicto es intersindical únicamente, ¿cómo es que el objeto de las disputas son las escuelas?
Las cifras del desastre educativo
Pero los enfrentamientos y movilizaciones de fines de agosto e inicios de septiembre, son sólo una página más de la historia gris que tiene Oaxaca en materia educativa de las últimas tres décadas. Si bien el desastre educativo es un problema del país, en la entidad éste se ha agudizado, como puede apreciarse en algunos indicadores:
En 1990, el promedio de escolaridad de los oaxaqueños era de 4.5 grados de educación básica, en tanto que el nacional era de 6.5. En el año 2000, el promedio de escolaridad fue de 5.8, mientras el nacional se estimó en 7.7 grados.
En 1990, un punto porcentual separaba a Oaxaca del resto del país; para el año 2000 son casi dos puntos porcentuales; esto no significa otra cosa que la brecha provocada por la desigualdad se mantiene.
De acuerdo con los expertos de la Secretaría de Educación Pública, en una proyección realizada en 2002, para el 2010 debería alcanzarse para la población de 15 años o más, un promedio de escolaridad de nueve grados (La situación de los servicios de educación Básica en Oaxaca, en el contexto de la descentralización educativa. Samael Hernández, en Contexto Educativo. Revista Digital de Educación y Nuevas Teconologías).
Está visto que muy lejos se quedó de esa meta en Oaxaca y, de acuerdo con la tendencia observada, se necesitarían cerca de 28 más para lograrlo… si bien nos va.
No sabemos leer
Un Informe del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) de 2004 ubica a Oaxaca como una de las entidades con los índices más bajos en comprensión lectora: la media nacional era de 21.6 mientras que en el caso oaxaqueño era de 12.6, apenas unas décimas del último lugar: Chiapas (12.1).
En el resto de los indicadores: índices de reprobación (media nacional de 5.2 contra 10 diez por ciento), aprovechamiento académico, dominio de los contenidos programáticos, etcétera, etcétera, los estudiantes oaxaqueños invariablemente se ubican entre los últimos lugares. Será por eso que en los últimos años, el magisterio se ha negado a que se aplique cualquier tipo de evaluación.
Por supuesto, y en eso habría que coincidir: muchas de estas pruebas están diseñadas para otros contextos socioeconómicos y culturales, pero, tampoco es excusa para que se tengan tantas fallas y tan bajo nivel académico.
Esta diferenciación cultural que se hace por parte del magisterio, estaría implicando así una actitud de discriminación respecto a las capacidades de la población oaxaqueña, algo que siempre han reivindicado en los discursos como un potencial. Tampoco se soslaya el hecho de las carencias y la falta de atención de los gobiernos estatal y federal hacia el sector.
Las ganancias de las movilizaciones
Sin embargo, hay un rubro en el cual los maestros de Oaxaca se encuentran en el primer lugar: en la comparación entre salarios y resultados. Mientras aparecen con los peores resultados, para 2005 tenían ya un salario correspondiente a 483 días al año.
Mientras que los profesores del DF, con los mejores indicadores en enseñanza, les correspondían 460. Por otra parte el Observatorio Ciudadano por la Educación señala que Oaxaca es uno de los estados donde la plaza se hereda de manera abierta. A ello habría que sumar las múltiples denuncias por venta y tráfico de plazas.
Entre 1980 y 2009, el magisterio ha logrado arrancar al gobierno estatal, por medio de la revisión de lo que se conoce como las condiciones de trabajo, demandas y logros diversos (Sindicalismo o educación, la paradoja del magisterio oaxaqueño, G. Zafra, en El cotidiano núm. 148. UAM-IISUABJO), tales como:
a) El bono navideño anual. Mientras los maestros de las demás secciones sindicales reciben un aguinaldo por concepto de 40 días, los de Oaxaca reciben un total de 90 días, los 40 días otorgados a nivel nacional por la federación más 50 otorgados por el gobierno estatal.
b) El bono de productividad, que comenzó en 5 días en 1999, se incrementó 5 más en 2000, hasta alcanzar los 19, en 2005
c) La cláusula sindical, que otorga el derecho a los trabajadores de la educación a heredar o traspasar sus plazas a sus hijos o a quien quieran, una vez jubilados.
d) El nombramiento y control por parte del sindicato de todos y cada una de las posiciones directivas (supervisiones y jefaturas) de los distintos niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y de educación superior tecnológica.
e) La constitución interna de una Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra el Magisterio que le permite ser juez y parte en las denuncias en contra de sus agremiados.
Además, movilización tras movilización avanzan en sus conquistas: cuando les retienen el salario, saben que con sus presiones les pagarán todo, aunque a cambio ellos no repongan ningún día perdido; entre sus logros se encuentra el de “sucesión por día inhábil, eufemismo para llamar a los “puentes”; y obtienen otro tipo de prebendas, incluso tienen un hotel en la capital estatal y otro más en Huatulco (Ver: 25 años de regresión educativa, En Marcha núm. 73, mayo de 2005).
Eficientes en la movilización política, con una gran capacidad de organización y respuesta, buenos para la arenga incendiaria y el panfleto, los maestros oaxaqueños han resultado malos para su educar; pecata minuta … de no ser porque ésta es su tarea esencial.
Dos caras de la misma moneda: la 22 y la 59
En el 2006 la disputa por el poder en la sección 22, alcanzó graves niveles. Las acusaciones de corrupción, en que una y otra parte esgrimían pruebas diversas, eran la prueba de la descomposición política que había alcanzado el movimiento que en la década de los 80 surgió para luchar contra el control caciquil de Jongitud Barrios.
En los 90 se convirtió en un ente corporativo, con prácticas de control caciquil y clientelar que hubiese envidiado aquél; el instrumento que hace más eficaz esta tarea es la “constancia de participación”, básica para cualquier trámite, ascenso, movilidad, permiso o prebenda, que un maestro quiera lograr en su trabajo.
Y con una influencia gremial que había conseguido ya que en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, posiciones de confianza, es decir, puestos directivos, sean designados por la sección sindical, convirtiéndose en juez y parte.
En la práctica, abandonaban también el compromiso de lucha social, aún cuando sea parte importante de su construcción discursiva. Su compromiso con la educación quedó relegado a las conquistas laborales y salariales.
El paro de labores, plantón en el centro de la capital y las movilizaciones efectuadas en el mes de mayo, se convirtieron en parte de la tradición. En cambio, se redujeron cada vez más las horas y días de clase en el ciclo escolar.
La disputa por el botín
En contraparte, se habían convertido en un poderoso movimiento gremial, que no sólo maneja sumas millonarias, sino que tiene una alta capacidad de movilización; que controla los ascensos de sus agremiados, la asignación de plazas, que lo mismo vende plazas, que las hereda o las transmite arbitrariamente.
Incluso, negocios como la venta de electrodomésticos a plazos, que se descontaban directamente de nómina, fueron usufructuados por sus dirigentes. Un poder político y económico que sería objeto de una frontal disputa entre 2005 y 2006, al grado de protagonizarse una ruptura.
En 2005, la entonces secretaria de Finanzas, Erika Rapp Soto, acusó de diversos actos de corrupción al dirigente Enrique Rueda Pacheco (Ver: Sección 22, degradación sin límite¸ En Marcha núms. 78 de noviembre y 79 de diciembre de 2005); situación que se llevó a la Asamblea Estatal, en donde las posiciones se radicalizan y se conforman dos bloques:
El mayoritario, conformado por la UTE, Praxis y CODEMO, que logra el apoyo de otras corrientes para sostener a Rueda Pacheco. El otro, integrada por Bases Magisteriales, Primero de Mayo y COMAO, entre cuyos dirigentes se encuentran los ex secretarios de la sección 22 Humberto Alcalá Betanzos y Alejandro Leal Díaz. Ante la polarización y siendo minoría, los últimos optan por constituir lo que denominan el Consejo Central de Lucha (CCL).
Elba Esther y la 59
Aprovechando la coyuntura y el momento de la ruptura, el gobierno estatal apoya soterradamente primero y luego de forma abierta al CCL para propiciar el debilitamiento de la sección 22.
Además, otra serie de factores concurrieron en esas fechas: el hartazgo que se veía en distintos sectores de la sociedad oaxaqueña hacia las formas de lucha del magisterio; la movilización de autoridades municipales y padres de familia —genuina y manipulada— para exigir el cese de plantones y el retorno de los maestros a las aulas.
Esta situación, junto con cambios en los estatus del SNTE que permite la creación de nuevas secciones sindicales con un mínimo de 500 profesores, hace que el CCL solicite su registro como la sección 59; un resquicio nada despreciable para la heredera del cacicazgo de Jongitud: Elba Esther Gordillo.
Aunado a ello, durante el conflicto del 2006, la recién creada sección 59, aprovecha la coyuntura. Aunque tienen la impronta de la 22 en cuanto a sus formas de presión y son corresponsables de la descomposición del movimiento magisterial oaxaqueño, durante su gestión se sirven del vacío dejado por la sección 22 y en muchos lugares empiezan a dar clases, se alían con autoridades municipales, contratan a jóvenes como maestros, recibiendo el apoyo del gobierno estatal.
Concluido el conflicto quedan entrampados; el gobierno del estado disminuye su apoyo, o al menos no es tan abierto, ante las presiones de la 22; pero ellos tampoco pueden retornar. Se genera entonces un impasse; ni el gobierno hace nada por solucionar el conflicto que había creado, ni las secciones se mueven, más allá de algunos enfrentamientos y declaraciones.
Concluido el conflicto en 2006, el magisterio se topó que en decenas de escuelas el control lo había asumido ya la sección 59. Desde entonces suma a su inacabable pliego petitorio “la devolución de las escuelas en poder de la 59”. Desde el 2006, cada inicio de ciclo escolar, son incontables los enfrentamientos violentos de profesores por el control de las escuelas. La pasividad del gobierno estatal, quien cayó en su propia trampa, no ha hecho sino radicalizar las acciones.
Es cierto, intereses caciquiles, del PRI y del gobierno sostienen en muchos lugares a la sección 59. Pero también lo es, que muchos padres de familia, cansados de ver a sus hijos sin clases, de aguantar paro tras paro, de apreciar el nulo aprendizaje y la poca calidad educativa que reciben en las aulas, y desconociendo los pleitos internos del magisterio, ven en la 59 una alternativa viable para sus hijos.
También hay que mencionar que algunos profesores y empleados con vergüenza y ganas de trabajar, que existen en ambas secciones, aún ayudan a sostener esta heterogénea sección 59.
La jornada septembrina
En ese contexto se inscriben los enfrentamientos en San Pedro Jicayán; un municipio gobernado por un atrabiliario cacique pueblerino, quien ya fue destituido merced a la presión magisterial. Pero ese es el costo más bajo de las movilizaciones. Además de la pérdida de una vida, las medidas de presión adoptadas generaron costos sociales, políticos y económicos.
Durante tres días prácticamente se paralizaron actividades en la capital estatal y en los principales centros de población. Y es que, adoptando la política del avestruz a cada anuncio magisterial de movilizaciones, el gobierno estatal adopta la estrategia de ¡¡parar actividades!! “Si de todos modos no van a trabajar que más da que no asistan”, parece ser el razonamiento de las autoridades.
Los bloqueos carreteros y a los cruceros de las ciudades, generaron pérdidas económicas por más de 19 millones de pesos diarios, según cálculos del Colegio de Profesionales de Economía del Estado de Oaxaca. Además de las miles de horas-hombre perdidas; de las irreparables pérdidas en la educación.
A cambio ¿Cuáles fueron los saldos de esa “jornada de lucha” de los maestros oaxaqueños?
Más demandas, bloqueos, paros…
Para la sección 22 y el gobierno estatal acordaron la liberación y cumplimiento de al menos 27 órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del asesinato del profesor Artemio Norberto Camacho Sarabia, “turnar al Congreso” la demanda de desaparición de poderes municipales de San Pedro Jicayán (la cual la Legislatura local decretó el 9 de septiembre) y Santiago Laollaga (siendo que aquí no hay autoridades municipales, sino un administrador municipal por tercer periodo consecutivo).
Además, la suspensión definitiva de las actividades de lo que llaman “servicios educativos irregulares”, así como el pago a los profesores que se hayan ubicados en escuelas en poder (¡?) de la sección 59, mismas que deberán ser “devueltas” a la sección 22.
En los días subsecuentes una comisión integrada por el gobierno estatal y las secciones 22 y 59, revisarán y continuarán haciéndolo la situación caso por caso.
Mientras esto ocurre, ya la sección 22 anuncia su siguiente paro de labores; ahora para protestar por “por los recortes presupuestales y la crisis económica”.
Y la 59 empieza con bloqueos carreteros para pedir el respeto a las escuelas bajo su control; pero también a sumar otras exigencias, como con el bloqueo a la carretera federal en Jamiltepec, realizado el 17 de septiembre, en donde exigían la construcción de un albergue para la población.
Es una historia circular. El magisterio se ha convertido en el movimiento más fuerte del espectro popular oaxaqueño; ha resistido la represión gubernamental, como en 2006; ha hecho frente a desplantes autoritarios y a algunos excesos del poder; pero se han convertido también en su espejo: antidemocracia, corrupción, intolerancia y autoritarismo —las prácticas que atribuyen a las autoridades—, son también características de la sección 22.
Al tiempo en gran medida es su responsabilidad que perduren las condiciones de mala calidad educativa, de pésimo nivel académico, de ausencia de una formación crítica. Denuncian violaciones a sus derechos humanos y ellos, como servidores públicos que son, los conculcan a niños y jóvenes, y los violentan a la sociedad en general. Llaman al voto de castigo al PRI, pero son los mejores transmisores de su cultura antidemocrática y crean las condiciones para que ésta y su partido se perpetúen en la entidad.
A los gobiernos estatal y federal, es claro que no les importa la educación de mexicanos ni oaxaqueños; está visto que al magisterio tampoco.
Así, en Oaxaca el magisterio es, a la vez, dique y sostén del régimen; crítico y cómplice; víctima y victimario.
¿Que propició las movilizaciones, que por tradición ocurren en el mes de mayo, se trasladaran a septiembre? El viernes 28 de agosto, se concentraron centenares de profesores de la región de la Costa con el fin de “recuperar” dos escuelas ubicadas en San Pedro Jicayán, “en poder” de la sección 59.
Al llegar a uno de los centros educativos, decenas de maestros de la 59 y padres de familia se habían atrincherado para “protegerlo”. Los manifestantes, armados con garrotes, piedras, palos y machetes, como muestran las gráficas de ese día, se encontraron con una resistencia que tenía armas de fuego.
El desequilibrio numérico fue sustituido por la ventaja de las balas. Y varias de éstas impactaron entre los profesores, con un saldo de varios heridos y la muerte de Artemio Norberto Camacho Sarabia.
La reacción fue cercar el centro educativo hasta que huyeron quienes se habían pertrechado en él, entonces fue tomado por los mentores de la sección 22, quienes se dirigieron al palacio municipal, en el cual se escondía el presidente municipal priista de San Pedro Jicayán, Leonardo Silva Palacios. Éste, junto con el síndico y regidores, fueron capturados, maniatados y vejados por la multitud.
Además, el magisterio mostró entonces su capacidad de respuesta. Ya en la misma tarde de ese día, fueron bloqueados varios importantes cruceros de la capital estatal. En los dos días subsecuentes anunciaron una “jornada de movilizaciones” de por al menos tres días (1 al 3 de septiembre, que se prolongaría al 4 por asambleas seccionales), al tiempo que daban al gobierno estatal dos semanas para capturar a los culpables del asesinato y para entregar las escuelas en supuesto poder de la sección 59.
La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada: “es un conflicto inter gremial en el que el gobierno estatal no tiene ingerencia”.
Varias interrogantes surgen de esta serie de acontecimiento y declaraciones. ¿No son las escuelas públicas, propiedad de la nación?, y, ¿son responsables de su manejo y control los gobiernos estatal y federal?.
¿Cómo es que pueden estar en “poder” de una sección y por qué otra tiene que “rescatarlas”? Si el gobierno es la parte patronal y el conflicto es intersindical únicamente, ¿cómo es que el objeto de las disputas son las escuelas?
Las cifras del desastre educativo
Pero los enfrentamientos y movilizaciones de fines de agosto e inicios de septiembre, son sólo una página más de la historia gris que tiene Oaxaca en materia educativa de las últimas tres décadas. Si bien el desastre educativo es un problema del país, en la entidad éste se ha agudizado, como puede apreciarse en algunos indicadores:
En 1990, el promedio de escolaridad de los oaxaqueños era de 4.5 grados de educación básica, en tanto que el nacional era de 6.5. En el año 2000, el promedio de escolaridad fue de 5.8, mientras el nacional se estimó en 7.7 grados.
En 1990, un punto porcentual separaba a Oaxaca del resto del país; para el año 2000 son casi dos puntos porcentuales; esto no significa otra cosa que la brecha provocada por la desigualdad se mantiene.
De acuerdo con los expertos de la Secretaría de Educación Pública, en una proyección realizada en 2002, para el 2010 debería alcanzarse para la población de 15 años o más, un promedio de escolaridad de nueve grados (La situación de los servicios de educación Básica en Oaxaca, en el contexto de la descentralización educativa. Samael Hernández, en Contexto Educativo. Revista Digital de Educación y Nuevas Teconologías).
Está visto que muy lejos se quedó de esa meta en Oaxaca y, de acuerdo con la tendencia observada, se necesitarían cerca de 28 más para lograrlo… si bien nos va.
No sabemos leer
Un Informe del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) de 2004 ubica a Oaxaca como una de las entidades con los índices más bajos en comprensión lectora: la media nacional era de 21.6 mientras que en el caso oaxaqueño era de 12.6, apenas unas décimas del último lugar: Chiapas (12.1).
En el resto de los indicadores: índices de reprobación (media nacional de 5.2 contra 10 diez por ciento), aprovechamiento académico, dominio de los contenidos programáticos, etcétera, etcétera, los estudiantes oaxaqueños invariablemente se ubican entre los últimos lugares. Será por eso que en los últimos años, el magisterio se ha negado a que se aplique cualquier tipo de evaluación.
Por supuesto, y en eso habría que coincidir: muchas de estas pruebas están diseñadas para otros contextos socioeconómicos y culturales, pero, tampoco es excusa para que se tengan tantas fallas y tan bajo nivel académico.
Esta diferenciación cultural que se hace por parte del magisterio, estaría implicando así una actitud de discriminación respecto a las capacidades de la población oaxaqueña, algo que siempre han reivindicado en los discursos como un potencial. Tampoco se soslaya el hecho de las carencias y la falta de atención de los gobiernos estatal y federal hacia el sector.
Las ganancias de las movilizaciones
Sin embargo, hay un rubro en el cual los maestros de Oaxaca se encuentran en el primer lugar: en la comparación entre salarios y resultados. Mientras aparecen con los peores resultados, para 2005 tenían ya un salario correspondiente a 483 días al año.
Mientras que los profesores del DF, con los mejores indicadores en enseñanza, les correspondían 460. Por otra parte el Observatorio Ciudadano por la Educación señala que Oaxaca es uno de los estados donde la plaza se hereda de manera abierta. A ello habría que sumar las múltiples denuncias por venta y tráfico de plazas.
Entre 1980 y 2009, el magisterio ha logrado arrancar al gobierno estatal, por medio de la revisión de lo que se conoce como las condiciones de trabajo, demandas y logros diversos (Sindicalismo o educación, la paradoja del magisterio oaxaqueño, G. Zafra, en El cotidiano núm. 148. UAM-IISUABJO), tales como:
a) El bono navideño anual. Mientras los maestros de las demás secciones sindicales reciben un aguinaldo por concepto de 40 días, los de Oaxaca reciben un total de 90 días, los 40 días otorgados a nivel nacional por la federación más 50 otorgados por el gobierno estatal.
b) El bono de productividad, que comenzó en 5 días en 1999, se incrementó 5 más en 2000, hasta alcanzar los 19, en 2005
c) La cláusula sindical, que otorga el derecho a los trabajadores de la educación a heredar o traspasar sus plazas a sus hijos o a quien quieran, una vez jubilados.
d) El nombramiento y control por parte del sindicato de todos y cada una de las posiciones directivas (supervisiones y jefaturas) de los distintos niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, bachilleratos y de educación superior tecnológica.
e) La constitución interna de una Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra el Magisterio que le permite ser juez y parte en las denuncias en contra de sus agremiados.
Además, movilización tras movilización avanzan en sus conquistas: cuando les retienen el salario, saben que con sus presiones les pagarán todo, aunque a cambio ellos no repongan ningún día perdido; entre sus logros se encuentra el de “sucesión por día inhábil, eufemismo para llamar a los “puentes”; y obtienen otro tipo de prebendas, incluso tienen un hotel en la capital estatal y otro más en Huatulco (Ver: 25 años de regresión educativa, En Marcha núm. 73, mayo de 2005).
Eficientes en la movilización política, con una gran capacidad de organización y respuesta, buenos para la arenga incendiaria y el panfleto, los maestros oaxaqueños han resultado malos para su educar; pecata minuta … de no ser porque ésta es su tarea esencial.
Dos caras de la misma moneda: la 22 y la 59
En el 2006 la disputa por el poder en la sección 22, alcanzó graves niveles. Las acusaciones de corrupción, en que una y otra parte esgrimían pruebas diversas, eran la prueba de la descomposición política que había alcanzado el movimiento que en la década de los 80 surgió para luchar contra el control caciquil de Jongitud Barrios.
En los 90 se convirtió en un ente corporativo, con prácticas de control caciquil y clientelar que hubiese envidiado aquél; el instrumento que hace más eficaz esta tarea es la “constancia de participación”, básica para cualquier trámite, ascenso, movilidad, permiso o prebenda, que un maestro quiera lograr en su trabajo.
Y con una influencia gremial que había conseguido ya que en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, posiciones de confianza, es decir, puestos directivos, sean designados por la sección sindical, convirtiéndose en juez y parte.
En la práctica, abandonaban también el compromiso de lucha social, aún cuando sea parte importante de su construcción discursiva. Su compromiso con la educación quedó relegado a las conquistas laborales y salariales.
El paro de labores, plantón en el centro de la capital y las movilizaciones efectuadas en el mes de mayo, se convirtieron en parte de la tradición. En cambio, se redujeron cada vez más las horas y días de clase en el ciclo escolar.
La disputa por el botín
En contraparte, se habían convertido en un poderoso movimiento gremial, que no sólo maneja sumas millonarias, sino que tiene una alta capacidad de movilización; que controla los ascensos de sus agremiados, la asignación de plazas, que lo mismo vende plazas, que las hereda o las transmite arbitrariamente.
Incluso, negocios como la venta de electrodomésticos a plazos, que se descontaban directamente de nómina, fueron usufructuados por sus dirigentes. Un poder político y económico que sería objeto de una frontal disputa entre 2005 y 2006, al grado de protagonizarse una ruptura.
En 2005, la entonces secretaria de Finanzas, Erika Rapp Soto, acusó de diversos actos de corrupción al dirigente Enrique Rueda Pacheco (Ver: Sección 22, degradación sin límite¸ En Marcha núms. 78 de noviembre y 79 de diciembre de 2005); situación que se llevó a la Asamblea Estatal, en donde las posiciones se radicalizan y se conforman dos bloques:
El mayoritario, conformado por la UTE, Praxis y CODEMO, que logra el apoyo de otras corrientes para sostener a Rueda Pacheco. El otro, integrada por Bases Magisteriales, Primero de Mayo y COMAO, entre cuyos dirigentes se encuentran los ex secretarios de la sección 22 Humberto Alcalá Betanzos y Alejandro Leal Díaz. Ante la polarización y siendo minoría, los últimos optan por constituir lo que denominan el Consejo Central de Lucha (CCL).
Elba Esther y la 59
Aprovechando la coyuntura y el momento de la ruptura, el gobierno estatal apoya soterradamente primero y luego de forma abierta al CCL para propiciar el debilitamiento de la sección 22.
Además, otra serie de factores concurrieron en esas fechas: el hartazgo que se veía en distintos sectores de la sociedad oaxaqueña hacia las formas de lucha del magisterio; la movilización de autoridades municipales y padres de familia —genuina y manipulada— para exigir el cese de plantones y el retorno de los maestros a las aulas.
Esta situación, junto con cambios en los estatus del SNTE que permite la creación de nuevas secciones sindicales con un mínimo de 500 profesores, hace que el CCL solicite su registro como la sección 59; un resquicio nada despreciable para la heredera del cacicazgo de Jongitud: Elba Esther Gordillo.
Aunado a ello, durante el conflicto del 2006, la recién creada sección 59, aprovecha la coyuntura. Aunque tienen la impronta de la 22 en cuanto a sus formas de presión y son corresponsables de la descomposición del movimiento magisterial oaxaqueño, durante su gestión se sirven del vacío dejado por la sección 22 y en muchos lugares empiezan a dar clases, se alían con autoridades municipales, contratan a jóvenes como maestros, recibiendo el apoyo del gobierno estatal.
Concluido el conflicto quedan entrampados; el gobierno del estado disminuye su apoyo, o al menos no es tan abierto, ante las presiones de la 22; pero ellos tampoco pueden retornar. Se genera entonces un impasse; ni el gobierno hace nada por solucionar el conflicto que había creado, ni las secciones se mueven, más allá de algunos enfrentamientos y declaraciones.
Concluido el conflicto en 2006, el magisterio se topó que en decenas de escuelas el control lo había asumido ya la sección 59. Desde entonces suma a su inacabable pliego petitorio “la devolución de las escuelas en poder de la 59”. Desde el 2006, cada inicio de ciclo escolar, son incontables los enfrentamientos violentos de profesores por el control de las escuelas. La pasividad del gobierno estatal, quien cayó en su propia trampa, no ha hecho sino radicalizar las acciones.
Es cierto, intereses caciquiles, del PRI y del gobierno sostienen en muchos lugares a la sección 59. Pero también lo es, que muchos padres de familia, cansados de ver a sus hijos sin clases, de aguantar paro tras paro, de apreciar el nulo aprendizaje y la poca calidad educativa que reciben en las aulas, y desconociendo los pleitos internos del magisterio, ven en la 59 una alternativa viable para sus hijos.
También hay que mencionar que algunos profesores y empleados con vergüenza y ganas de trabajar, que existen en ambas secciones, aún ayudan a sostener esta heterogénea sección 59.
La jornada septembrina
En ese contexto se inscriben los enfrentamientos en San Pedro Jicayán; un municipio gobernado por un atrabiliario cacique pueblerino, quien ya fue destituido merced a la presión magisterial. Pero ese es el costo más bajo de las movilizaciones. Además de la pérdida de una vida, las medidas de presión adoptadas generaron costos sociales, políticos y económicos.
Durante tres días prácticamente se paralizaron actividades en la capital estatal y en los principales centros de población. Y es que, adoptando la política del avestruz a cada anuncio magisterial de movilizaciones, el gobierno estatal adopta la estrategia de ¡¡parar actividades!! “Si de todos modos no van a trabajar que más da que no asistan”, parece ser el razonamiento de las autoridades.
Los bloqueos carreteros y a los cruceros de las ciudades, generaron pérdidas económicas por más de 19 millones de pesos diarios, según cálculos del Colegio de Profesionales de Economía del Estado de Oaxaca. Además de las miles de horas-hombre perdidas; de las irreparables pérdidas en la educación.
A cambio ¿Cuáles fueron los saldos de esa “jornada de lucha” de los maestros oaxaqueños?
Más demandas, bloqueos, paros…
Para la sección 22 y el gobierno estatal acordaron la liberación y cumplimiento de al menos 27 órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del asesinato del profesor Artemio Norberto Camacho Sarabia, “turnar al Congreso” la demanda de desaparición de poderes municipales de San Pedro Jicayán (la cual la Legislatura local decretó el 9 de septiembre) y Santiago Laollaga (siendo que aquí no hay autoridades municipales, sino un administrador municipal por tercer periodo consecutivo).
Además, la suspensión definitiva de las actividades de lo que llaman “servicios educativos irregulares”, así como el pago a los profesores que se hayan ubicados en escuelas en poder (¡?) de la sección 59, mismas que deberán ser “devueltas” a la sección 22.
En los días subsecuentes una comisión integrada por el gobierno estatal y las secciones 22 y 59, revisarán y continuarán haciéndolo la situación caso por caso.
Mientras esto ocurre, ya la sección 22 anuncia su siguiente paro de labores; ahora para protestar por “por los recortes presupuestales y la crisis económica”.
Y la 59 empieza con bloqueos carreteros para pedir el respeto a las escuelas bajo su control; pero también a sumar otras exigencias, como con el bloqueo a la carretera federal en Jamiltepec, realizado el 17 de septiembre, en donde exigían la construcción de un albergue para la población.
Es una historia circular. El magisterio se ha convertido en el movimiento más fuerte del espectro popular oaxaqueño; ha resistido la represión gubernamental, como en 2006; ha hecho frente a desplantes autoritarios y a algunos excesos del poder; pero se han convertido también en su espejo: antidemocracia, corrupción, intolerancia y autoritarismo —las prácticas que atribuyen a las autoridades—, son también características de la sección 22.
Al tiempo en gran medida es su responsabilidad que perduren las condiciones de mala calidad educativa, de pésimo nivel académico, de ausencia de una formación crítica. Denuncian violaciones a sus derechos humanos y ellos, como servidores públicos que son, los conculcan a niños y jóvenes, y los violentan a la sociedad en general. Llaman al voto de castigo al PRI, pero son los mejores transmisores de su cultura antidemocrática y crean las condiciones para que ésta y su partido se perpetúen en la entidad.
A los gobiernos estatal y federal, es claro que no les importa la educación de mexicanos ni oaxaqueños; está visto que al magisterio tampoco.
Así, en Oaxaca el magisterio es, a la vez, dique y sostén del régimen; crítico y cómplice; víctima y victimario.
