La disputa por escuelas entre las Secciones 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cobraron una vida en San Pedro Jicayán, en la Costa de Oaxaca. Artemio Camacho Sarabia, maestro de la escuela primaria “Norberto Aguirre Palancares”, de Pinotepa Nacional, fue el profesor que murió de un disparo de arma de fuego.
También resultaron heridas una veintena de personas, dos de gravedad: una profesora embarazada que en un primer momento se había reportado también como fallecida, Leónides Celia Mejía y Luis Castro Reyes, padre de familia y agente municipal de la localidad de Santiago, municipio de San Pedro Jicayán, ambos internados en el hospital regional de Pinotepa.
Lo anterior en medio de los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de agosto, cuando miembros de la Sección 22, padres de familia y perredistas que los apoyan, intentaron recuperar las instalaciones de la escuela primaria bilingüe “Libertad”, que desde el conflicto magisterial del 2006 quedó en poder de los maestros disidentes apoyados por las autoridades priistas.
Reacciona la 22 con protestas
Los inconformes exigieron castigo a los culpables del asesinato de su compañero, demandaron al gobierno y a las autoridades educativas la entrega de las más de 130 escuelas cuyo control disputan con la Sección 59 del SNTE, así como la desaparición de poderes en Jicayán, lo que consiguieron el 10 de septiembre cuando el Congreso del Estado la aprobó por las “condiciones de ingobernabilidad”, arguyeron.
Sobre los hechos en Jicayán, al encabezar las protestas, el líder de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, dijo que líderes magisteriales de la Costa acordaron recuperar la escuela en poder de los disidentes y profesores externos, (que en 2006 el mismo IEEPO -sin que entablaran una relación laboral formal- y autoridades municipales, convocaron para que abrieran las escuelas y dieran clases en lugar de los maestros paristas) y sostuvo que al arribar al plantel fueron recibidos a pedradas y balazos de los atrincherados al interior.
Y señaló como responsables de dirigir la agresión, al presidente municipal y teniente retirado del Ejército Mexicano, Julio Antonio Mejía, y al ex síndico, Sebastián Merino. Los maestros repicaron las campanas del templo para convocar a una concentración frente al palacio municipal donde velaron el cuerpo.
Enardecidos por la muerte de su compañero desarmaron a un par de policías municipales que vigilaban los accesos y retuvieron en su interior al edil Leonardo Silva Palacios, al síndico Antonio López y a los regidores de Obras Públicas, Natalio López Vásquez y de Educación, Basilio Castro Jiménez, a quienes obligaron a postrarse ante el cadáver. Más tarde las cinco personas fueron entregadas a policías estatales.
Dirigencia de la 59, se deslinda
Por su parte, la dirigente de la Sección 59 del SNTE, Érika Rapp Soto se deslindó de los hechos asegurando que no comparte la violencia como método de lucha ni que sea el camino para disputar la dirección de las escuelas. En entrevista, exigió a las autoridades competentes una investigación imparcial para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables del asesinato.
Responsabilizó al IEEPO de fomentar la confrontación al ser parcial y apoyar a la mayoritaria Sección 22, “pues les prometió la entrega de las escuelas, la desaparición de los módulos alternos, quieren cerrar también las más de 500 escuelas dirigidas por la Sección 59 sin respetar la voluntad de las comunidades que son las que deben decidir quienes les otorgan el servicio educativo a sus niños”, concluyó.
Lo anterior en medio de los hechos de violencia ocurridos el pasado 28 de agosto, cuando miembros de la Sección 22, padres de familia y perredistas que los apoyan, intentaron recuperar las instalaciones de la escuela primaria bilingüe “Libertad”, que desde el conflicto magisterial del 2006 quedó en poder de los maestros disidentes apoyados por las autoridades priistas.
Reacciona la 22 con protestas
Los inconformes exigieron castigo a los culpables del asesinato de su compañero, demandaron al gobierno y a las autoridades educativas la entrega de las más de 130 escuelas cuyo control disputan con la Sección 59 del SNTE, así como la desaparición de poderes en Jicayán, lo que consiguieron el 10 de septiembre cuando el Congreso del Estado la aprobó por las “condiciones de ingobernabilidad”, arguyeron.
Sobre los hechos en Jicayán, al encabezar las protestas, el líder de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, dijo que líderes magisteriales de la Costa acordaron recuperar la escuela en poder de los disidentes y profesores externos, (que en 2006 el mismo IEEPO -sin que entablaran una relación laboral formal- y autoridades municipales, convocaron para que abrieran las escuelas y dieran clases en lugar de los maestros paristas) y sostuvo que al arribar al plantel fueron recibidos a pedradas y balazos de los atrincherados al interior.
Y señaló como responsables de dirigir la agresión, al presidente municipal y teniente retirado del Ejército Mexicano, Julio Antonio Mejía, y al ex síndico, Sebastián Merino. Los maestros repicaron las campanas del templo para convocar a una concentración frente al palacio municipal donde velaron el cuerpo.
Enardecidos por la muerte de su compañero desarmaron a un par de policías municipales que vigilaban los accesos y retuvieron en su interior al edil Leonardo Silva Palacios, al síndico Antonio López y a los regidores de Obras Públicas, Natalio López Vásquez y de Educación, Basilio Castro Jiménez, a quienes obligaron a postrarse ante el cadáver. Más tarde las cinco personas fueron entregadas a policías estatales.
Dirigencia de la 59, se deslinda
Por su parte, la dirigente de la Sección 59 del SNTE, Érika Rapp Soto se deslindó de los hechos asegurando que no comparte la violencia como método de lucha ni que sea el camino para disputar la dirección de las escuelas. En entrevista, exigió a las autoridades competentes una investigación imparcial para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables del asesinato.
Responsabilizó al IEEPO de fomentar la confrontación al ser parcial y apoyar a la mayoritaria Sección 22, “pues les prometió la entrega de las escuelas, la desaparición de los módulos alternos, quieren cerrar también las más de 500 escuelas dirigidas por la Sección 59 sin respetar la voluntad de las comunidades que son las que deben decidir quienes les otorgan el servicio educativo a sus niños”, concluyó.
