Absurdamente Petapa señaló que su nueva jurisdicción quedaba, al norte, hasta la calle Unión; al sur, calle Industria; al oriente, calle Aquiles Serdán y al poniente, calle Moctezuma. Es decir, todas en el “casco urbano” de Matías y más o menos a unos ¡veinticinco kilómetros de Santa María Petapa!Así, Petapa creó agencias municipales, autorizó o suspendió obras, otorgó permisos para negocios y cantinas, también licencias para construcción a particulares o canceló las que dio el Ayuntamiento de Matías.
Guzmán Corral y su síndico indicaban que habían sostenido pláticas conciliatorias con esas autoridades sin que hubiera ninguna solución, “por el contrario, Santa María persiste en ejercer actos de autoridad a escasas cuadras del palacio municipal de nuestro municipio”, señalaban.
También explicaban que, para solucionar el conflicto, se había solicitado la intervención de la Cámara de diputados local, misma que hizo caso omiso del el asunto.
Tribunal oaxaqueño incompetente
El Tribunal Superior de Oaxaca, presidido por Héctor Annuar Mafud, ante la demanda de Matías Romero, se declaró incompetente el 4 de abril de 2006, porque, los eficaces magistrados oaxaqueños adujeron que “son incompetentes porque no cuentan con la ley reglamentaria de dicho precepto”. También señalaron que el problema era de otra índole, por lo que deberían recurrir al Tribunal Agrario Unitario. Esta determinación fue notificada al síndico Zapien Burguett el 8 de junio de 2006.
La autoridad de Matías, acudió entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que casi dos años después, el 24 de marzo de 2008, dictó sentencia, firmada por el Ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ente otros puntos, señaló que el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño, al declararse incompetente, es violatorio del artículo 106, fracción IV y 113, fracción VI de la Constitución oaxaqueña.
También sentenció que el acuerdo de Cabildo del 2 de octubre de 2002 de Santa María Petapa era violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución política de nuestro país. Que entre otros puntos señalan:
14): Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos (..). 16): “Nadie puede ser molestado (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (…). 17): “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (…)”.
Guzmán Corral y su síndico indicaban que habían sostenido pláticas conciliatorias con esas autoridades sin que hubiera ninguna solución, “por el contrario, Santa María persiste en ejercer actos de autoridad a escasas cuadras del palacio municipal de nuestro municipio”, señalaban.
También explicaban que, para solucionar el conflicto, se había solicitado la intervención de la Cámara de diputados local, misma que hizo caso omiso del el asunto.
Tribunal oaxaqueño incompetente
El Tribunal Superior de Oaxaca, presidido por Héctor Annuar Mafud, ante la demanda de Matías Romero, se declaró incompetente el 4 de abril de 2006, porque, los eficaces magistrados oaxaqueños adujeron que “son incompetentes porque no cuentan con la ley reglamentaria de dicho precepto”. También señalaron que el problema era de otra índole, por lo que deberían recurrir al Tribunal Agrario Unitario. Esta determinación fue notificada al síndico Zapien Burguett el 8 de junio de 2006.
La autoridad de Matías, acudió entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que casi dos años después, el 24 de marzo de 2008, dictó sentencia, firmada por el Ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia. Ente otros puntos, señaló que el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño, al declararse incompetente, es violatorio del artículo 106, fracción IV y 113, fracción VI de la Constitución oaxaqueña.
También sentenció que el acuerdo de Cabildo del 2 de octubre de 2002 de Santa María Petapa era violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución política de nuestro país. Que entre otros puntos señalan:
14): Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos (..). 16): “Nadie puede ser molestado (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (…). 17): “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. (…)”.
La Suprema Corte también exhibe a los magistrados oaxaqueños, quienes adujeron que el problema era de carácter agrario, al aclararles: “es evidente que (…) en ningún momento planteó cuestiones de índole agraria, sino derivadas de un conflicto entre ese municipio y Santa María Petapa por actos de gobierno de éste último, que el actor (Matías Romero) estima invaden su ámbito competencial por razones de territorio (…)”.
Sí tenían competencia los incompetentes magistrados
El Tribunal Superior de Justicia, por medio del Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, le leyó la cartilla a los magistrados oaxaqueños al señalarle que sí tienen “competencia exclusiva” en el asunto, como lo afirma la fracción señalada del artículo 106 de nuestra Constitución local y que esta competencia “no puede ser anulada ni tácitamente derogada por la falta de una ley reglamentaria que regule su procedimiento, como lo intenta argumentar el referido Tribunal Superior (…)”
Y Sigue Ortiz Mayagoitia: “(…) y, por otra parte, en el caso concreto planteado, de ninguna manera se requiere un procedimiento especial, pues basta con que se sigan los principios generales internacionalmente aceptados del debido proceso, cumpliendo la garantía de audiencia de la parte demandada y sustanciando dicho procedimiento a través de un magistrado instructor para dejar el asunto en estado de resolución”.
Y más: “Cuando dichos conflictos tengan carácter contencioso, corresponderá resolverlos al Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. De esta suerte, no puede eludirse, en forma alguna, la competencia que la ley confiere al Tribunal Superior de Justicia del estado y el trámite debe sustanciarse en los términos previstos por la ley orgánica de dicha autoridad”. Por lo que, “deviene inconstitucional su acuerdo del 4 de abril de 2006”.
Pero había otros incompetentes…
En abril de 2008, ya llevaba tres meses de presidente José Luis Albores Gaspar, cuando recibió la notificación del la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo nada se supo de que tomara cartas en el asunto sobre el grave conflicto de su pueblo.
Los atropellos de los petapas se incrementaron. El 1 de agostonde 2008, los violentos comuneros petapenses llegaron al grado de derribar y hacer escarnio de la estatua del héroe epónimo de los matiasromerenses, erigida en el gobierno de Teddy Guzmán con motivo del centenario de la ciudad (2006). Los vecinos llamaron insistentemente al presidente municipal José Luis Albores quien prácticamente se escondió y los dejó hacer y deshacer.
Señalamos que otro actor importante, Víctor Martín Cérbulo, regidor de la Tenencia de la Tierra, no estudia ni hace una verdadera defensa del municipio, como es su obligación, moral y laboral.
La invasión Petapa
Hace un año, publicábamos (En Marcha no. 109, dic., de 2008) la solicitud a la Cámara de diputados de varios regidores del Ayuntamiento de Matías Romero, sobre la suspensión o revocación del mandato a José Luis Albores Gaspar.
“Desde hace años hemos venido sufriendo invasión a nuestro territorio por parte del municipio de Santa maría Petapa —denunciaban regidores inconformes con la actuación de su presidente—; esta municipalidad pretende crear un problema agrario, cuando es de índole administrativa. Santa María quiere sustentar su nueva jurisdicción territorial argumentando una presunta propiedad, pretendiendo hacer coincidir el límite del territorio que le fue dado en propiedad por Resolución Presidencial el 16 de diciembre de 1966, situación que es a todas luces ilegal y arbitraria.
“Porque corresponde a la legislatura local establecer o modificar la extensión territorial de los municipios conforme lo establece el artículo 13 de la Ley Municipal; por otra parte, porque el régimen de propiedad es totalmente distinto al régimen administrativo y político municipal, a tal grado que podemos afirmar con certeza que el régimen de propiedad no engendra jurisdicción administrativa y política municipal, como tampoco la jurisdicción territorial no engendra derechos de propiedad”.
Presidente pusilánime
“Desde que es presidente, Albores Gaspar se ha dedicado a aceptar cuanta orden le den los representantes de Petapa y no sólo eso, sino que ha llegado al grado de consentir hechos delictuosos por parte de representantes agrarios y líderes de Santa María Petapa dentro de nuestro municipio”, abundaban los regidores.
Señalaban que los de Petapa, en febrero de 2008, durante la fiesta del pueblo, hicieron “una arbitraria invasión a nuestra feria, misma que el presidente Albores aceptó cambiar de lugar, a petición de líderes de Santa María Petapa. Estos mismos líderes, con lujo de violencia, derribaron el monumento al licenciado Matías Romero Avendaño, que se encontraba colocado en la entrada de esta ciudad”.
Indican que al solicitar los ciudadanos el apoyo policiaco municipal, el presidente le prohibió a la policía acudir, “consintiendo la comisión del delito de daños al patrimonio municipal de Matías Romero, hechos consentidos por el presidente, quien ni siquiera ha presentado denuncia penal en contra de los responsables”.
Es penosa la actuación del presidente, observan, ya que lejos de defender el patrimonio municipal, “lo entrega vilmente y saquea los recursos con la complicidad de su cuñado el tesorero municipal, ya que son estas dos personas quienes controlan esos recursos a su libre albedrío”.
Quieren 100 millones por dejar en paz a Matías
“Por obtener una parte de cien millones de pesos, el presidente municipal priista José Luis Albores Gaspar, en contubernio con las autoridades de Santa María Petapa, los diputados Carlos Gómez y Germán Juárez —expresidente de Petapa—, se ha dedicado a realizar una serie de acciones para consumar el despojo de la jurisdicción político-administrativa de este municipio, que comprende 620 hectáreas”.
Lo anterior los señalan los voceros del Comité Ciudadano para la Defensa de las Tierras de Matías Romero Avendaño, quienes agregan que el pasado 13 de mayo, en la ciudad de Oaxaca, en las oficinas del subsecretario general de gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, se reunieron los representantes de Santa María Petapa y José Luis Albores Gaspar para firmar un convenio que atenta contra el patrimonio de los matiasromerenses.
Este consiste, explicaron, “en desconocer 149 hectáreas al ejido Matías Romero, aduciendo ser tierras comunales de Santa María Petapa, en perjuicio de los ejidatarios que hoy son legítimos posesionarios de estas tierras y derechos agrarios, con el objeto de negociar cien millones de pesos por una supuesta indemnización a Petapa, que sería repartida entre los representantes de Santa María y José Luis albores”.
El ejido “Matías Romero” se crea por resolución presidencial el 8 de septiembre de 1927 con una superficie de 3 mil 160 hectáreas: 3 mil que pertenecían a la Compañía Agrícola El Barrio,S.A., y 160 hectáreas que se encuentran incluidas en el polígono de 600 hectáreas del fundo legal del municipio de Matías Romero.
El 2 de agosto de 1989, éstas últimas, que se encontraban dentro del fundo legal del municipio (polígono de 600 hectáreas) le fueron expropiadas por Corett por causa de utilidad pública, para regularizar el fundo legal de Matías Romero, ampliándose así el fundo legal de la ciudad por regularización del mismo.
La confusión que aprovechan
Es cierto que las 149 hectáreas en cuestión (donde habitan los ejidatarios) se encontraban incluidas dentro de territorio comunal de Santa María, pero también lo es que, en el dictamen aprobado el 18 de noviembre de 1966 por el Cuerpo Consultivo Agrario, se excluyeron 125 hectáreas, confirmándose como zona urbana del ejido “Matías Romero”, tanto en ese dictamen como en la Resolución Presidencial que le confirmó y tituló las tierras a Santa María, por lo tanto, el problema se debe reducir solamente a 24 hectáreas que se encuentran en la zona urbana del ejido “Matías Romero”.
Esgrimiendo lo anterior, los defensores señalan que se pretende despojar administrativamente a su pueblo de 149 hectáreas del las 600 que pertenecen a su fundo legal (colonia Hidalgo Sur y Norte, Lázaro Cárdenas, Rincón Viejo Norte y Llano Suchiapa, entre otras), para adjudicarlas al municipio de Santa María.
Tierras que en el año de 1902 el gobierno federal compró, por dos mil pesos oro, a Santa María y a El Barrio de la Soledad (como se ha dicho hasta la saciedad), para la instalación de los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México, según la escritura pública del 1 de marzo de 1902.
Serían matías-petapeños
“Albores Gaspar y compañía —agregan los defensores de Matías—, nos quieren despojar a los propietarios de predios en el fundo legal del municipio (con base al plano definitivo autorizado el 11 de junio de 1997) volviendo bienes comunales lo que hoy son propiedades, si se sobresee el amparo interpuesto por el ejido “Matías Romero” en el que se reclama la nulidad de tal plano, acta de deslinde y Resolución Presidencial”.
Advierten los quejosos que, de continuarse con las reuniones “viciadas” que se están llevando a cabo entre el presidente José Luis Albores y los presentantes de Petapa, “con el cobijo de los diputados locales, encabezados por el petapeño Germán Juárez, el juchiteco Carlos Gómez, y también por Jorge Toledo, secretario General de gobierno, se pone en riesgo el juicio de amparo 506/2007, y con ello, todos aquellos que tenemos alguna propiedad dentro del fundo legal de Matías, tendríamos que pasar a ser comuneros de Santa María Petapa”.
Afirman que así, estarían expuestos al “abuso petapense, ya que Petapa extendería también su municipio y, sin excepción, todo el fundo legal de Matías quedaría, con toda validez, legal, pasando todo su territorio al régimen de Bienes Comunales de Santa María, perdiéndose absolutamente todos los derechos de propiedad en el Registro Público de la Propiedad”, deploran.
Albores quiere dinero
Y concluyen: “los invitados a ese pastel ya saborean las tajadas de los cien millones que están en juego; obviamente un pedacito será para ‘El Santa Ana Matiasromerense’, Albores Gaspar, y la mayor tajada para los petapas; porque esa es la cantidad que se está considerando por la expropiación de nuestros terrenos, que será pagada a los de Santa María”.
Se citó a una nueva reunión para el pasado 17 de julio, pero, ni Albores, ni cabildo, ni sus abogados se presentaron en la secretaría General de gobierno. Se citó una vez más para el 4 de agosto. Ahora sí se presentó el edil Albores Gaspar y estuvieron ausentes los de Petapa; quienes ahora exigen que las reuniones sean en la zona húmeda.
Quien haya podido leer hasta aquí, tal vez se preguntará, como nosotros, ¿para qué serán tantas reuniones, si hay pruebas de que Matías Romero es dueño de los terrenos donde está asentado?
¿Por qué no se aplica la ley simplemente a quienes no respetan lo ajeno?
