
El debate sobre si desde el momento de la concepción, ya se ha formado una persona, sujeta de derechos (y, se entendería entonces, obligaciones), no es nuevo. Incluso pensadores ilustres del catolicismo han discrepado de quienes así lo consideran. San Agustín (354-430 d.C), creía en la hominización tardía (el ingreso del alma al cuerpo) y sostenía: “según la ley, el acto del aborto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que exista un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos”.
Santo Tomás de Aquino (1125-1174 d.C), manifestaba que el aborto en las primeras etapas no es homicidio, pues la hominización ocurre 40 días después de la concepción en los varones y 80 días después en las mujeres.
Pensamiento precientífico
La polémica hace rato fue zanjada por la ciencia, pero de ello no se han enterado quienes con un pensamiento místico toman de decisiones en Estados que se presumen laicos. Sin embargo, aún en el seno del catolicismo, el mismo papa Juan Pablo II señalaró: “quien no obedece los dictados de su conciencia, no puede responsabilizarse de sus actos”.
Por supuesto, la laicidad y la calidad de estadistas prevalecen en los gobiernos democráticos. Tal es el caso Valéry Giscard D´Estaing, quien siendo presidente de Francia, en la década de los 70’s, respondiera así al Papa Juan Pablo II, cuando le mostrara su preocupación por la ley que permitía el libre aborto en ese país:
“Yo soy católico, pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad para que sea respetada y pueda ser aplicada”.
Y es que, preocupados por el alto índice de muertes derivadas de abortos practicados en forma clandestina, junto con el activismo de amplios sectores de la sociedad a favor de despenalizar esta práctica, lo que en varios países vecinos ya se había hecho, los diputados franceses aprobaron en 1974 el derecho al aborto; apenas un año antes lo había hecho Italia con su famosa Ley 193 en 1973.
“Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social”, fue la posición del mandatario francés ante los dignatarios de la Iglesia católica, recuerda en sus memorias: El poder y la vida.
Giscard era un estadista. Lejos, muy lejos, de la medianía de la clase política que gobierna este país. Más lejos aún de la rupestre grilla que se hace en este estado. Ni que decir de quienes cobran como representantes populares y sólo obedecen los designios del ejecutivo.
Connivencia entre PRI y PAN
Es por eso que, como tantas otras leyes que se hacen al vapor en la entidad, gracias a la connivencia entre el PRI y el PAN, el pasado miércoles aprobaron una reforma constitucional que estableció en el artículo 12 constitucional, la protección de la vida “desde el momento de la concepción”. Oaxaca se convirtió así en el estado 16 que hace cambios legislativos para legalizar este retroceso impulsado por la derecha reaccionaria y el PAN, que han encontrado en la amoralidad priista a su más firme aliado.
Lo que son las cosas, con sus yerros y autoritarismo, fue el PRI el que abrió hace años ciertos espacios al reconocimiento a los derechos de las mujeres. Ahora, en Oaxaca se muestran retardatarios, pero no es sino muestra de que sólo persiguen intereses de grupo, y es hora tal vez de pagar al panismo los favores recibidos en 2006, y en el 2007, en los años posteriores y en los que están por venir.
Por eso la línea fue clara: la aprobación de las reformas a como diera lugar. Y la sesión de este 6 de septiembre tuvo la impronta del sexenio: la iniciativa y el dictamen se discutieron en la oscuridad, pues fuera de los diputados y algunos funcionarios, nadie se había enterado de la existencia de tal pretensión; el día de la sesión ciudadanos llegaron a protestar y exigir que la iniciativa se sometiera a un debate abierto, a lo que los diputados se negaron.
Más aún, ante la presión tomaron una salida fácil, ya probada en otras ocasiones: sesionar en la clandestinidad. Si bien la sesión a puerta cerrada está prevista por la ley, habla de incapacidad para consensuar una iniciativa, de la cerrazón e intolerancia de un cuerpo colegiado que se supone debe privilegiar el debate libre de ideas.
Con toda la fuerza bruta
Todavía peor. El recinto parlamentario fue rodeado por un centenar de policías, patrullas, camionetas. Una desproporcionada movilización policiaca para reprimir a decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, quienes fueron vejadas por guaruras vestidos de civil. Una escena que se ha repetido una y otra vez a lo largo del sexenio. Estas arbitrariedades, al menos por esta ocasión, pudo constatarlas en carne propia la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, quien ahora se encontraba del lado de las manifestantes presente en el lugar de los hechos.
Además, mientras decretos y leyes tardan meses en publicarse, en este caso el Ejecutivo tenía prisa, pues el 17 de septiembre apareció en el Periódico Oficial la reforma constitucional; y para que no queden dudas del actuar irregular, innecesariamente aparece antefechado al 12 de septiembre.
Algunos han calificado de decimonónicos a los legisladores. No lo son. No tienen siquiera la capacidad argumentativa de los conservadores del siglo XIX. Lejos, muy lejos, están ya no digamos de los liberales de la época, encabezados por Benito Juárez, que impulsaron la separación Iglesia-Estado, sino de cualquier párvulo del entonces Instituto de Ciencias y Artes. Son diputados y diputadas que aprueban reformas por consigna; que repiten hasta el cansancio la fórmula que se les ha dictado, pero son incapaces de argüir con inteligencia y conocimiento.
Niegan la realidad
La realidad rebasa sus pretensiones oscurantistas. Replican que no se han quitado las excepciones en la legislación secundaria, para permitir el aborto en determinadas circunstancias: el riesgo a la vida, que el embarazo sea producto de la violación, por ejemplo. Sin embargo, limitados como son parecer ignorar que ante una reforma como esa, los médicos o el ministerio público, podrán realizar acciones para defender un “bien superior”, consignado en la Constitución. Ya ha sucedido en otras entidades, cuando se ha negado el ejercicio de ese derecho a víctimas de violaciones.
Y luego aducen que para no “criminalizar” a las mujeres, se modificaran las sanciones de cárcel a ¡trabajo comunitario!, el caso es el mismo, la persecución de quién realice una práctica tipificada por el código penal, entonces no sólo sigue siendo criminalizada, sino que todavía peor, como en La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, en que una mujer acusada de adulterio era marcada con una A de ese color para escarnio público, así se hará en Oaxaca. No hay duda, es el retorno al medioevo.
Dicen que no, pero en el fondo lo que buscan es frenar cualquier intento pro derecho al aborto, como si una decisión de esa naturaleza fuera fácil de tomar. Y es que nadie, salvo desde la irracionalidad, puede aducir que el aborto sea una salida fácil; constituye una decisión grave, fundamental y traumática en la vida de quien opta por él. Pero, por eso mismo la libertad de elegir debe ser un derecho.
“Yo no solicité su respuesta. No busqué quebrantar sus convicciones ni justificarme a sus ojos, pero les hice sentir un dilema, que era mío y que, en la conciencia de mi función, tenía que resolver”, concluye Giscard al recordar la conversación con el Sumo Pontífice. En Oaxaca, ni siquiera hay posibilidades de debatir y se cancelan los espacios para el diálogo.
Así, con su pretendida “protección a la vida desde el momento de la concepción”, no hacen sino condenar a miles de mujeres que año con año, toman la difícil decisión de practicarse abortos clandestinos, con potenciales riesgos de morir en el intento. Su protección a la vida es, en los hechos, una pena de muerte.
vicleonjm@hotmail.com
Santo Tomás de Aquino (1125-1174 d.C), manifestaba que el aborto en las primeras etapas no es homicidio, pues la hominización ocurre 40 días después de la concepción en los varones y 80 días después en las mujeres.
Pensamiento precientífico
La polémica hace rato fue zanjada por la ciencia, pero de ello no se han enterado quienes con un pensamiento místico toman de decisiones en Estados que se presumen laicos. Sin embargo, aún en el seno del catolicismo, el mismo papa Juan Pablo II señalaró: “quien no obedece los dictados de su conciencia, no puede responsabilizarse de sus actos”.
Por supuesto, la laicidad y la calidad de estadistas prevalecen en los gobiernos democráticos. Tal es el caso Valéry Giscard D´Estaing, quien siendo presidente de Francia, en la década de los 70’s, respondiera así al Papa Juan Pablo II, cuando le mostrara su preocupación por la ley que permitía el libre aborto en ese país:
“Yo soy católico, pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad para que sea respetada y pueda ser aplicada”.
Y es que, preocupados por el alto índice de muertes derivadas de abortos practicados en forma clandestina, junto con el activismo de amplios sectores de la sociedad a favor de despenalizar esta práctica, lo que en varios países vecinos ya se había hecho, los diputados franceses aprobaron en 1974 el derecho al aborto; apenas un año antes lo había hecho Italia con su famosa Ley 193 en 1973.
“Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones, pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social”, fue la posición del mandatario francés ante los dignatarios de la Iglesia católica, recuerda en sus memorias: El poder y la vida.
Giscard era un estadista. Lejos, muy lejos, de la medianía de la clase política que gobierna este país. Más lejos aún de la rupestre grilla que se hace en este estado. Ni que decir de quienes cobran como representantes populares y sólo obedecen los designios del ejecutivo.
Connivencia entre PRI y PAN
Es por eso que, como tantas otras leyes que se hacen al vapor en la entidad, gracias a la connivencia entre el PRI y el PAN, el pasado miércoles aprobaron una reforma constitucional que estableció en el artículo 12 constitucional, la protección de la vida “desde el momento de la concepción”. Oaxaca se convirtió así en el estado 16 que hace cambios legislativos para legalizar este retroceso impulsado por la derecha reaccionaria y el PAN, que han encontrado en la amoralidad priista a su más firme aliado.
Lo que son las cosas, con sus yerros y autoritarismo, fue el PRI el que abrió hace años ciertos espacios al reconocimiento a los derechos de las mujeres. Ahora, en Oaxaca se muestran retardatarios, pero no es sino muestra de que sólo persiguen intereses de grupo, y es hora tal vez de pagar al panismo los favores recibidos en 2006, y en el 2007, en los años posteriores y en los que están por venir.
Por eso la línea fue clara: la aprobación de las reformas a como diera lugar. Y la sesión de este 6 de septiembre tuvo la impronta del sexenio: la iniciativa y el dictamen se discutieron en la oscuridad, pues fuera de los diputados y algunos funcionarios, nadie se había enterado de la existencia de tal pretensión; el día de la sesión ciudadanos llegaron a protestar y exigir que la iniciativa se sometiera a un debate abierto, a lo que los diputados se negaron.
Más aún, ante la presión tomaron una salida fácil, ya probada en otras ocasiones: sesionar en la clandestinidad. Si bien la sesión a puerta cerrada está prevista por la ley, habla de incapacidad para consensuar una iniciativa, de la cerrazón e intolerancia de un cuerpo colegiado que se supone debe privilegiar el debate libre de ideas.
Con toda la fuerza bruta
Todavía peor. El recinto parlamentario fue rodeado por un centenar de policías, patrullas, camionetas. Una desproporcionada movilización policiaca para reprimir a decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, quienes fueron vejadas por guaruras vestidos de civil. Una escena que se ha repetido una y otra vez a lo largo del sexenio. Estas arbitrariedades, al menos por esta ocasión, pudo constatarlas en carne propia la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos, quien ahora se encontraba del lado de las manifestantes presente en el lugar de los hechos.
Además, mientras decretos y leyes tardan meses en publicarse, en este caso el Ejecutivo tenía prisa, pues el 17 de septiembre apareció en el Periódico Oficial la reforma constitucional; y para que no queden dudas del actuar irregular, innecesariamente aparece antefechado al 12 de septiembre.
Algunos han calificado de decimonónicos a los legisladores. No lo son. No tienen siquiera la capacidad argumentativa de los conservadores del siglo XIX. Lejos, muy lejos, están ya no digamos de los liberales de la época, encabezados por Benito Juárez, que impulsaron la separación Iglesia-Estado, sino de cualquier párvulo del entonces Instituto de Ciencias y Artes. Son diputados y diputadas que aprueban reformas por consigna; que repiten hasta el cansancio la fórmula que se les ha dictado, pero son incapaces de argüir con inteligencia y conocimiento.
Niegan la realidad
La realidad rebasa sus pretensiones oscurantistas. Replican que no se han quitado las excepciones en la legislación secundaria, para permitir el aborto en determinadas circunstancias: el riesgo a la vida, que el embarazo sea producto de la violación, por ejemplo. Sin embargo, limitados como son parecer ignorar que ante una reforma como esa, los médicos o el ministerio público, podrán realizar acciones para defender un “bien superior”, consignado en la Constitución. Ya ha sucedido en otras entidades, cuando se ha negado el ejercicio de ese derecho a víctimas de violaciones.
Y luego aducen que para no “criminalizar” a las mujeres, se modificaran las sanciones de cárcel a ¡trabajo comunitario!, el caso es el mismo, la persecución de quién realice una práctica tipificada por el código penal, entonces no sólo sigue siendo criminalizada, sino que todavía peor, como en La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, en que una mujer acusada de adulterio era marcada con una A de ese color para escarnio público, así se hará en Oaxaca. No hay duda, es el retorno al medioevo.
Dicen que no, pero en el fondo lo que buscan es frenar cualquier intento pro derecho al aborto, como si una decisión de esa naturaleza fuera fácil de tomar. Y es que nadie, salvo desde la irracionalidad, puede aducir que el aborto sea una salida fácil; constituye una decisión grave, fundamental y traumática en la vida de quien opta por él. Pero, por eso mismo la libertad de elegir debe ser un derecho.
“Yo no solicité su respuesta. No busqué quebrantar sus convicciones ni justificarme a sus ojos, pero les hice sentir un dilema, que era mío y que, en la conciencia de mi función, tenía que resolver”, concluye Giscard al recordar la conversación con el Sumo Pontífice. En Oaxaca, ni siquiera hay posibilidades de debatir y se cancelan los espacios para el diálogo.
Así, con su pretendida “protección a la vida desde el momento de la concepción”, no hacen sino condenar a miles de mujeres que año con año, toman la difícil decisión de practicarse abortos clandestinos, con potenciales riesgos de morir en el intento. Su protección a la vida es, en los hechos, una pena de muerte.
vicleonjm@hotmail.com