Música por la tierra, negocio “ecologista” con respaldo gubernamental
Como promotor del festival “ecologista” Música por la Tierra, Agustín Pumarejo de la Serna ha gozado del apoyo de los tres niveles de gobierno. El año pasado el empresario recibió 2.5 millones de pesos en efectivo de financiamiento gubernamental, además de casi un millón de pesos en especie de empresarios hoteleros para realizar la edición número 15 de su festival.
En mayo de 2009 el gobierno del estado le entregó 1.5 millones de pesos, Fonatur le donó 500 mil pesos y el ayuntamiento de Huatulco le obsequio otros 500 mil pesos. Como él cobra las ventas de boletos en taquilla para los dos conciertos, por ese concepto se embolsa aproximadamente 1.2 millones de pesos.
Pese a la bandera de “ecologista” que ondea, Agustín Pumarejo ha reconocido que el festival es un negocio para él.
Aun cuando desde hace 15 años ha sido benefactor de varios gobiernos, desde 2008 Pumarejo tuvo el privilegio que contados oaxaqueños tienen: contar con el respaldo total de Arturo David Vásquez Urdiales, consejero jurídico de Ulises Ruiz Ortiz hasta diciembre pasado.
A principios de este año las autoridades comunales de Santa María Xadani, municipio de San Miguel del Puerto, acusaron al productor de pretender apoderarse de 257 hectáreas de tierras comunales mediante la presunta falsificación de documentos y procedimientos irregulares en la compra de estos bienes dentro del núcleo agrario de esta comunidad.
Sin ser oaxaqueño, Pumarejo tuvo a su disposición a Vásquez Urdiales, cerebro que ideó la estrategia para desincorporar esas 257 hectáreas de tierras comunales con el fin de convertirlas en propiedad privada, contando con el apoyo de autoridades comunales, notarios públicos y magistrados del Tribunal Unitario Agrario del distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca.
Además de este apoyo legal, Pumarejo tuvo a su disposición a dos dependencias del gobierno del estado: la secretaría de Obras Públicas, y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
“Punta Maguey”
Ambas dependencias comenzaron a realizar obras de apertura de caminos y electrificación en esa zona despoblada. Lo que difícilmente ocurre con cientos de poblaciones marginadas que tiene el estado de Oaxaca.
No es la primera vez en que Pumarejo se ve involucrado en conflictos, ya que en 2004 Pumarejo de la Serna convenció a funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dirigido entonces por John McCarthy, para que le entregaran en comodato 63 hectáreas de la zona conocida como Punta Maguey, dentro del Parque Nacional Huatulco (PNH).
Pese a que ya tenía la aprobación de McCarthy y del secretario del Medio Ambiente, en ese entonces Alberto Cárdenas Jiménez, su proyecto se vino abajo por la oposición que se generó entre la comunidad local, los integrantes del consejo asesor del Parque Nacional Huatulco y de manera destacada por la labor que hicieron la pareja formada por el escritor Leonardo Da Jandra y la pintora Agar García, residentes entonces en la bahía de Cacaluta.
Aprovechando este festival y una vez que se cayó la posibilidad de quedarse con ese terreno dentro del PNH, Agustín Pumarejo de la Serna patrocinó en 2005 la construcción de una veintena de “lavaderos ecológicos” en la población de Barra de Copalita, del municipio de San Miguel del Puerto, cuyos pobladores después calificaron como “inútiles e innecesarios”.
Durante la inauguración de los “lavaderos ecológicos” Pumarejo no sólo invitó al tenor Fernando de la Mora, al líder del Tri, Alex Lora y al mismo gobernador del estado Ulises Ruiz, sino que se presentó como el benefactor de esta comunidad.
Fue así como Pumarejo de la Serna se acercó a las autoridades comunales y municipales de Barra de Copalita para convencerlos de que le ayudaran a adquirir varias hectáreas de tierras comunales.
Inicia el fraude
Como lo demuestran las copias de las constancias de posesión que aquí se anexan, los terrenos los comenzó a comprar Pumarejo entre 2005 y 2007, y no en 1995, como él hacen constar con la documentación que él y sus abogados presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para lograr la desincorporación de más de 257 hectáreas de tierras comunales de Santa María Xadani para convertirlas en régimen de propiedad privada.
Esa es una de las inconsistencias que Sotero Garnica y Francisco Ruiz, integrantes del actual comisariado de los Bienes Comunales de Xadani, encontraron en la revisión documental que realizaron del expediente agrario 40/2008, abierto en el Tribunal Unitario Agrario con sede en la ciudad de Oaxaca
“Existen datos que no coinciden, de quienes supuestamente son dueños, datos donde no coinciden las actas de posesión, aparecen nombres de personas que no conocemos en la comunidad, hay nombre extraños ahí”, aseguran al mostrar al menos unos 20 documentos que fueron firmados por sus antecesores en el cargo de representación comunal.
En la documentación que tienen los denunciantes están los nombres de Agustín Pumarejo de la Serna, Irene Barroeta Aguerrebere, Patricia Aguerrebere Barroeta, Frederick Roth, Paulina Segura, José de Jesús López Márquez, Adolfo García Minutti, Cecilia Flores, Carlos Roberto Maldonado Ibarra, Agustín Rojas Lomelí, Carlos Maldonado Ibarra, Antelmo López Mendoza y Vicente Parada Hernández, entre otros
Tan sólo a nombre de Pumarejo de la Serna aparecen en siete constancias de posesión, extendidas presuntamente por el Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Xadani entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006.
Aunque aparentemente son todas estas personas las que compraron los terrenos, en el expediente 40/2008 sólo se ostenta como dueños de 260 hectáreas Agustín Pumarejo de la Serna, José de Jesús López Marquez, y Adolfo García Minutti. Este último es regidor de Turismo y Comercio de Huatulco, y apenas el año pasado su hija Bárbara García recibió su Fiat de Notario, por lo que es de esperarse que sea ella la que realice las escrituras de los lotes o residencias que pretenden levantar en esa zona.
“Violaron nuestros derechos”: Sotero Garnica
Conforme a la revisión que hasta ahora han hecho, los dirigentes agrarios localizaron documentos en donde se establecieron supuestos acuerdos de los cuales los comuneros de esta población zapoteca no fueron enterados y tampoco convocados.
En estas acciones participaron quienes hasta mayo de 2009 encabezaron el comisariado de los Bienes Comunales de esta comunidad, es decir, Felipe Aragón Martínez, Antonio Rodríguez Ruiz, Joel Cortés Rodríguez, Benito Fuentes Mendoza, Miguel Romero Peralta y Elpidio García Hernández, a quienes ahora Agustín Pumarejo responsabiliza de las irregularidades que pudieron haberse cometido para desincorporar las tierras comunales. “Si a alguien tienen que meter al bote es a ellos no a mí”, dijo hace un par de semanas el productor musical.
Todo eso, aun cuando Pumarejo sabe que en contubernio con ellos y un notario público elaboraron un acta de una asamblea general extraordinaria de comuneros que supuestamente tuvo lugar el 20 de abril de 2008.
Pese a que los actuales integrantes del Comisariado de Bienes Comunales sostienen que esa asamblea jamás se realizó, el Notario Público número 105, con sede en el municipio de Zimatlán de Álvarez, Eduardo García Corpus hace constar por escrito que él estuvo presente en esa reunión.
“Por eso estamos investigando, dándole seguimiento a este asunto para ver qué tanto de legalidad tiene; nosotros estamos inconformes porque aquí se violaron nuestros derechos como comuneros, nuestros derechos agrarios”, aseveraron Sótero Garnica y Francisco Ruiz.
“El Secreto del Puerto” con recursos públicos
El proyecto, ahora en riesgo por las irregularidades que según los comuneros le dieron origen, incluye 429 lotes unifamiliares, 18 lotes condominales, un campo de golf, una casa club, edificios de mantenimiento y dos lagos artificiales.
Conforme a datos de empresas de bienes raíces asentadas en el puerto turístico de Huatulco, se trata de un proyecto de altísima plusvalía, ya que los acusados adquirieron entre 40 mil y 80 mil pesos cada hectárea de terrenos comunales que, dentro de unos cuantos años, podrían comercializar en varios millones de dólares al ser dotados de servicios de urbanización.
Los trabajos de apertura de vialidades y la introducción de la red de energía eléctrica en esos terrenos que tiene en posesión Pumarejo comenzaron a realizarse con recursos públicos, ya que Caminos y Aeropistas de Oaxaca y la Secretaría de Obras del estado participaban en ellos.
La intervención del gobierno estatal se da de manera directa cuando dependencias como Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y la secretaría de Obras Públicas (SOP) en encargaron de dar inicio a las obras de urbanización con la apertura de una carretera y la red de electrificación en los terrenos que Pumarejo de la Serna junto con Adolfo García Minutti y José de Jesús López Marquez dicen ser los propietarios.
La intervención del gobierno del estado para favorecer al grupo que encabezan los tres se constata en el acta de inspección número PFPA/26.3/2C.27.5/0083-09, por la apertura de un camino de acceso que tiene su inicio en la carretera Federal 200 con dirección al paraje o lugar conocido como Playa de Las Garzas, que levantó la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el Estado de Oaxaca.
La obra en cuestión fue clausurada por la Profepa debido a que los responsables de su ejecución omitieron presentar la autorización en materia de impacto ambiental para el “Cambio de uso de suelo por la apertura de un camino de acceso o brecha”; expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La sorpresa fue que mediante escrito recibido en la delegación de la Profepa en Oaxaca el organismo público descentralizado del Gobierno estatal denominado Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) se hizo responsable del camino de referencia.
Según la Profepa, hasta ahora CAO no ha cumplido con las medidas correctivas que le fueron impuestas, por lo que apenas el doce de febrero pasado solicitó una prorroga para el cumplimiento de las medidas correctivas.
Las obras de apertura de vialidades y electrificación quedaron suspendidas a partir de que en asamblea general de comuneros se rechazó la sentencia que emitió el TUA para desincorporar estos terrenos.
Comuneros contra privatización
Y es que el pasado 21 de febrero, en asamblea general de comuneros celebrada en Santa María Xadani se acordó rechazar la privatización de más de 250 hectáreas de tierras comunales
De 412 comuneros que participaron en la reunión el domingo 21 de febrero, 282 se pronunciaron en contra del proyecto del promotor musical, quien solamente recibió el respaldo de 92 pobladores
La decisión comunitaria fue la de solicitar la revocación de esa sentencia para evitar que se privaticen los terrenos comunales de Santa María Xadani, municipio de San Miguel del Puerto.
Además de este financiamiento público, Pumarejo de la Serna recibió desde el 2008 un total respaldo del gobierno estatal de Ulises Ruiz Ortiz, para consumar la desincorporación de 257 hectáreas de tierras comunales que pretendía convertir a régimen de propiedad privada mediante un procedimiento muy a modo que él mismo se encargó de llevar a cabo ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Funcionario, notarios, autoridades comunales “Coludidos”
Los documentos del expediente 40/2008, abierto a principios de febrero de 2008 ante TUA del distrito 21 con sede en la ciudad de Oaxaca, dan cuenta de la manera en que Pumarejo de la Serna, funcionarios del gobierno del estado, notarios públicos y ex autoridades comunales se coludieron para pretender consumar lo que los pobladores de Santa María Xadani han denunciado como un despojo.
Una muestra del respaldo gubernamental que Ulises Ruiz Ortiz le dispensó a Pumarejo de la Serna es el hecho de que Arturo David Vásquez Urdiales, el entonces consejero jurídico de gobernante oaxaqueño, fue el que ideó toda la estratagema para que el tribunal agrario fallara a favor del productor musical, según se desprende de la documentación consultada y los testimonios de los pobladores de Xadani, municipio de San Miguel del Puerto.
Apenas en diciembre pasado Vásquez Urdiales dejó el cargo y recientemente trascendió que el ex consejero jurídico del Gobierno del estado inició un juicio contra Ruiz Ortiz por despido injustificado, de acuerdo con el expediente 17/2010, radicado en la mesa II B del Juzgado Quinto de Distrito
Para iniciar todo el procedimiento que dio pie a la desincorporación de esas tierras comunales, Vásquez Urdiales ideó una demanda que supuestamente presentaron ante el TUA los señores Gilberto Bartolo Ramírez Ramírez y su hijo Primo Ramirez Ortega, en contra de Pumarejo, los integrantes del Comisariado de los Bienes Comunales e incluso contra la dirección general de Notarías del estado de Oaxaca
Los actuales dirigentes agrarios descubrieron que se trató de una maniobra para iniciar todo el procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y conseguir el propósito final de desincorporar estas tierras comunales, ya que Gilberto Bartolo Ramírez Ramírez y su hijo Primo Ramirez Ortega casualmente se desistieron de su querella.
La demanda la presenta en febrero de 2008 el abogado JESÚS SÁNCHEZ APARICIO, quien, casualmente, se convierte en mayo de ese mismo año en REPRESENTANTE LEGAL de Agustin Pumarejo de la Serna, es decir, de quien él mismo había demandado.
Es el mismo JESUS SÁNCHEZ APARICIO quien en noviembre de 2009 pide por escrito al TUA no entregarle copias del expediente 40/2008 a los representantes del Comisariado de Bienes Comunales, encabezados por Sótero Garnica, que en ese momento ya estaban investigando las irregularidades del caso.
Extraño atentado contra inconforme
En el marco de esta disputa de tierras comunales, el lunes 12 de abril pasado ocurrió el atentado contra Ana Mendoza Castellanos, suplente del agente de policía de Barra de Copalita
De acuerdo con el testimonio de los pobladores de Barra de Copalita el atentado puede tener su origen en la posición que ha mantenido Mendoza Castellanos contra actos de gobierno del edil Silviano Santos Fabián y en la defensa de las tierras comunales de Santa María Xadani, núcleo agrario al que pertenece Barra de Copalita.
Apenas el domingo 18 de abril, unos 300 pobladores de Barra de Copalita marcharon por las calles de Santa Cruz Huatulco para exigir a las autoridades estatales el esclarecimiento de la agresión en contra de su líder
Durante la marcha de este domingo se apersonó una mujer de cabello rubio, quien se identificó como María Cristina Delgado y dijo ser “representante del señor gobernador del estado”, para ofrecerles todo el apoyo a los familiares de Mendoza Castellanos y hablar con las autoridades de la PGJE que en ese momento estaban en las oficinas de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común.
Hasta ahora Pumarejo de la Serna no ha declarado algo respecto a estos hechos, aunque hace aproximadamente tres semanas convocó a los medios locales para presentar su proyecto “El Secreto del Puerto”, que según él y sus otros dos socios representa una inversión de 42 millones de dólares que “pudieran irse a otra parte si no lo aceptan en Santa María Xadani”.
Sin embargo, en esa conferencia exhibieron la improvisación del proyecto, pues, por ejemplo, no atinaban a responder el número de empleos que habrían de crear, sólo después de un par de ocasiones en que se les preguntó aventuraron que 100, 200 y hasta 400 empleos, en una fluctuación tal de cifras impropio de empresarios serios que siempre saben con exactitud estos datos.
