La mal hecha controversia constitucional por Chimalapas

No sé si fue con dolo o fue por tarugo…”, comenta un viejo comunero chimalapa respecto de Víctor Hugo Alejo, Consejero Jurídico del gobierno oaxaqueño quien, aseguran, no llevó toda la documentación requerida para la integración de la Controversia Constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta les devolvió por estar mal integrada.

 

Desconfianza es la palabra exacta para describir el sentimiento que embarga a los chimalapas que ahora dudan de la buena fe y voluntad del gobierno oaxaqueño para poner fin a la historia de confrontación y despojo que han sufrido por parte de talamontes, ganaderos, ejidatarios y autoridades chiapanecas.

La multicitada controversia constitucional que les fue devuelta por la SCJN a las autoridades oaxaqueñas por estar mal integrada, se entregó en dos partes, primero el 18 de enero por las autoridades zoques y luego el 19 de enero por el gobierno cuando consiguieron los documentos faltantes.

“En la entrega ya no estuvo el gobernador Gabino Cué y sólo fueron los miembros de la Barra de Abogados quienes hicieron la entrega de la documentación”, explica uno de los testigos del trascendental acto que días después se convirtió en el primer revés al gobierno oaxaqueño al ser devuelto el expediente so- licitando precisión y ampliación de datos.

Pese a ello, los comuneros zoques confían en que por fin se les hará justicia después de casi 50 años de lucha contra la invasión y el saqueo de los bosques muchas veces impulsados desde el gobierno chiapaneco ante el desinterés del gobierno oaxaqueño.

El arribo de Gabino Cué al gobierno de Oaxaca coincidió con las acciones extraterritoriales ejecutadas por el gobierno chiapaneco de Juan Sabines el llamado “Traidor del Sur” quien así fue bautizado por el columnista Raymundo Riva Palacio tras revisar la historia de traiciones del mandatario chiapaneco, primero a Andrés Manuel López Obrador, luego a su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía hasta llevarlo a prisión y finalmente a su último aliado, Felipe Calderón. Sabines ordenó a la LXIV legislatura de su Estado aprobar el Decreto 008 mediante el cual se crearon cuatro nuevos municipios en Chiapas, entre ellos el denominado “Belisario Domínguez” que incluye a poblados chiapanecos asentados en territorio oaxaqueño de San Miguel Chimalapa, a quienes les tomaron la protesta el primero de enero de este año como Consejo Municipal.

De este modo las acciones del gobierno y la legislatura chiapaneca convirtieron lo que hasta entonces fue un conflicto agrario entre campesinos y ejidatarios, en un conflicto jurídico que obligó al gobierno de Oaxaca a proceder con una controversia constitucional por la creación del municipio “Belisario Domínguez” en evidente invasión del territorio oaxaqueño.

Las Controversias Era preciso, sin embargo, que los zoques y el gobierno presentaran ante la SCJN las pruebas de que el territorio invadido es de Oaxaca para lo cual se requería demostrar los límites interestatales de ambos Estados y la relación de comunidades y ejidos chiapanecos que están asentados en tierras comunales chimalapas. De acuerdo con datos de la procuraduría Agraria Delegación Oaxaca, en el documento titulado “Poblados asentados en los terrenos de Bienes Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa”, (inédito; Gobierno de México, 1999) resultado del Programa de conciliación agraria de las comunidades Chimalapas y poblados del noroeste de Cintalapa, Chiapas, suman 7 con Resolución anterior a 1967 y 12 con Resolución Posterior a 1967 o sin documentación de las primeras son:

1. Nuevo Tenochtitlán

2. Constitución

3. Felipe Ángeles

4. Rodulfo Figueroa

5. Ramón E. Balboa

6. Las Merceditas

7. Oreb

También se encuentran instalados en territorio zoque los ejidos sin documentación o con Resolución Presidencial posterior a 1967:

1. Constitución (ampliación),

2. Gustavo Díaz Ordaz,

3. Benito Juárez I,

4. Benito Juárez II,

5. Ignacio Zaragoza,

6. Rafael Cal y Mayor,

7. Nuevo Tenochtitlán (Ampliación),

8. Luis Echeverría,

9. Flor de Chiapas,

10. La Lucha,

11. Pilar Espinosa de León,

12. Jorge de la Vega,

13. Maravillas,

14. Plan de Guadalupe II,

15. Canaan,

16. Elsy Herrerías,

17. Guadalupe Victoria II.

Y habría que agregar a

18. La Hondonada

19. El Quebrachal.

La controversia Constitucional interpuesta por el gobierno de Oaxaca y las comunidades chimalapas pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el Decreto 008 emitido por la LXIV Legislatura del estado de Chiapas que estableció la “tercer reforma a la Constitución Política del estado de Chiapas” que crea los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez y los anexos técnicos que sirvieron de fundamento para emitir el citado Decreto.

También buscan “la invalidez de todas las determinaciones y mandamientos emitidos y los actos realizados por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, tendientes a materializar la citada tercer reforma” entre otras peticiones que buscan echar abajo al citado municipio Belisario Domínguez.

Sin embargo, las imprecisiones del expediente y algunas “fallas en el procedimiento” de la controversia detectadas por la SCJN preocupa a expertos abogados y legisladores oaxaqueños que han catalogado la pifia gubernamental como un error que evidencia la incapacidad del actual gobierno.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados en Derecho Miguel Ángel Varela Sánchez señaló que los asesores jurídicos del gobierno estatal “ni siquiera analizaron los recursos jurídicos que existían previamente para el ejercicio de una acción de esa naturaleza”.

Señalaron que debió ser el Senado de la República quien debió tomar conocimiento del caso previo a la acción constitucional por tratarse de un conflicto de límites entre dos estados de la República.

En entrevista el abogado consideró que hubo una mala asesoría por parte de quienes elaboraron la Controversia Constitucional y un desconocimiento de los instrumentos legales establecidos en la Carta Magna.

Por su parte, en la sesión ordinaria del Congreso Estatal del miércoles 25 de enero, el presidente de la Comisión de Gobernación Elías Cortés López catalogó como una “cachetada” para el gobierno oaxaqueño la decisión de la SCJN y acusó la falta de profesionalismo del ejecutivo para integrar la controversia, con lo que la solución del añejo conflicto se retrasará, dijo.

“Otra vez la ineficiencia e ineptitud del ejercicio gubernamental es motivo para que en Oaxaca se sigan alimentado los conflictos agrarios. Es una acción equivocada, fallida, grave y lamentable”, recalcó el legislador istmeño. El miércoles 1 de febrero fue la fecha límite que la SCJN otorgó al gobierno del Estado para precisar la información requerida a fin de darle entrada formal a la Controversia Constitucional.

El Senador oaxaqueño Adolfo Toledo Infanzón indicó que es urgente “retomar la controversia que hicieron mal” los abogados de Gabino Cué y por otro lado, seguir insistiendo en la vía política desde el Congreso donde presentará nuevamente el punto de acuerdo para hacer el extrañamiento al gobierno chiapaneco por su decisión de crear el municipio Belisario Domínguez, planteamiento al que se sumaron los senadores Heliodoro Díaz Escárraga y Ericel Gómez Nucamendi. Dijo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en torno al diferendo limítrofe entre Chiapas y Oaxaca y no al Senado, “lo que se tiene que hacer es replantear ante la Corte la vía conciliatoria, porque la vía del Senado es meramente enunciativa y en este momento ningún grupo parlamentario tiene como prioridad los conflictos agrarios y menos entre dos Estados”, señaló tajante Adolfo Toledo Infanzón.

Sin embargo indicó que insistirá para que sea la SCJN la que asuma su responsabilidad en el tema porque es su facultad, precisó.