Análisis

Gerardo Nieto. / Resumen Ejecutivo AP 924

Los magnates no tienen incentivo para cambiar. Son privilegiados en un país de miserables. Esto explica que los hombres de dinero sean el principal factor de oposición al cambio. Afectar esos intereses genera enemigos. AMLO los tiene en cantidades que obligan a pensar en cualquier escenario.

Andrés Manuel López Obrador quiere un cambio de régimen. En el pasado, esto fue posible sólo a partir de la violencia armada. Ésta es la primera ocasión en la historia de México que un cambio de esa magnitud se enfila por la vía pacífica. Nadie está en posibilidad de anticipar el resultado de este intento.

Pero el inicio del proceso está en curso. Hay elementos que explican el resultado de la elección del 1 de julio: la concentración del ingreso en muy pocas manos que se expresa en una masa desposeída que ha sobrevivido, pero sin tener una vida digna; la violencia irresoluble en todo el país; una oligarquía insensible.

Contra grandes intereses

Los magnates no tienen incentivo para cambiar. Son privilegiados en un país de miserables. Esto explica que los hombres de dinero sean el principal factor de oposición al cambio. Afectar esos intereses genera enemigos. AMLO los tiene en cantidades que obligan a pensar en cualquier escenario.

La esencia del cambio de régimen está en la destrucción de esos intereses. Para sortear los desafíos de la confrontación con los grupos que defienden el statu quo, AMLO requerirá la articulación de un vasto movimiento social. Y, también, de que el factor externo mantenga distancia e imparcialidad respecto al proceso mexicano de cambio político.

Reforma juarista

La reforma juarista fue posible gracias al ingenio, inteligencia y perseverancia del presidente mexicano que separó la Iglesia y el Estado, pero también y sobre todo, porque esa segunda transformación, se dio en el contexto de la guerra de secesión de los Estados Unidos. La segunda transformación, la juarista, encontró simpatías en la clase política estadounidense.

Cuauhtémoc Blas

La política pública indigenista del nuevo gobierno de la república, anunciada con la creación de la ley del mismo ente burocrático con otro nombre INPI y ahora con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas se sostiene en tres pilares endebles:

En el mismo anacrónico indigenismo posrevolucionario que dedicó recursos a una burocracia nacional y creó instituciones para exaltar el nacionalismo a partir de nuestras raíces originales.

Una nueva burocracia (vieja en Oaxaca) encabezada por el abogado oaxaqueño Adelfo Regino Montes, quien con su rentable ONG Servicios del Pueblo Mixe ha servido a todos los gobiernos priistas, desde que Heladio Ramírez lo cooptó, para justificar sus políticas indigenistas. Son probados fracasados promotores de la reivindicación indígena, a su paso por la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (SAI), en el gobierno de Cué, no dejó obra que se recuerde.

Lo destinado del erario para el sector público dedicado a la atención de los pueblos indígenas siempre ha sido lo más bajo (pero suficiente para la burocracia indigenista). En Oaxaca Murat creó la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), con el más bajo presupuesto de las secretarías de su gobierno. Se le llama “Secretaría bonsái”. La disminución actual del presupuesto a la dependencia indigenista, INPI, lo confirma. Mucho discurso y poco dinero.

No hay más que ver lo producido por esas políticas públicas desde el 4 de diciembre de 1948, cuando se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI). Dinámica que persistió con el primer cambio de nombre, la primera mutación. El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y abroga la Ley de Creación del INI.

Después de 70 años de indigenismo oficialista, acompañado del “académico”, los resultados son elocuentes: mayor pobreza, falta de servicios educativos, pérdida o despojo de sus territorios, desaparición de lenguas originarias, emigración, pueblos enteros abandonados “fantasmas”, etcétera.

León Felipe Ángeles Vázquez
[I]

Extrañamente, en agosto del año pasado las autoridades de cinco municipios del Istmo firmaron una “minuta de entendimiento” que les dio el gobierno de Murat para perdonar impuestos a empresas eólicas: Gloria Sánchez de Juchitán, Raúl Edgardo Benítez Mesa de El Espinal, Wilson Sánchez Chévez, de Unión Hidalgo, Oscar Toral Ríos de Asunción Ixtaltepec y Amelia Gómez Ríos de Santo Domingo Ingenio. Los traidores de siempre que venden lo importante por unos cuantos denarios para ellos.

Por su ubicación geopolítica la región del Istmo de Tehuantepec siempre ha sido codiciado por potencias económicas, desde la colonia hasta nuestros días, teniendo un sinfín de nombres para arrebatárnoslo; tratado Mclane Ocampo, plan Puebla Panamá, Proyecto Alfa Omega, Mesoamérica y actualmente las Zonas Económicas Especiales.

Nos encontramos en un panorama donde los bienes naturales son tratados como recursos explotables para un proyecto económico a nivel mundial y ningún rincón del mundo está exento a ello, ya que se puede lucrar hasta con la imaginación, las tradiciones, el pensamiento… no digamos la tierra, la palabra y la mano de obra. La incorporación del Istmo a este modelo productivo ha generado diversos problemas, ya que se ha visto como botín por los capitales multinacionales españoles, italianos, holandeses, canadienses, franceses, etc. Y claro, para la clase política de izquierda como de derecha nacional, estatal y local; donde la política institucional ha sido el vehículo para volverse terrateniente y empresario, como sabemos de muchos personajes en el Istmo.

Gerardo Nieto / Resumen ejecutivo. AP 917

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no se entiende sino en función de la gran alianza que se generó y que devino, entre otros factores, en una votación histórica del 53 por ciento de los sufragios.  Esa alianza fue proporcional al tamaño del adversario que se enfrentó: el sistema. Entonces, no hay motivo para engaño: no hay ni habrá transición de terciopelo. La incompatibilidad de proyectos es absoluta.

Los factores reales de poder de ese sistema gozan de cabal salud. Y la muestra está en su sobrerreacción alrededor de lo que AMLO dijo en Nayarit sobre la bancarrota del país. Si pudieran, y en eso están, impedirían que el candidato de la izquierda social se siente en la silla presidencial. Entonces, no hay motivo para engaño: no hay ni habrá transición de terciopelo. La incompatibilidad de proyectos es absoluta.

En Brasil, el sistema vetó el regreso de Lula al poder. Está en la cárcel. El sistema en México está intacto. Ahí está el reto y el límite del nuevo gobierno. Actúan como dueños de la economía. Pueden trastocar los mercados y provocar inestabilidad financiera. Esto explica la cautela de la administración entrante. Pero no todos entienden este juego ni sus riesgos.